Para tratar de evitar una indagatoria por asociación ilícita, el principal operador en la justicia durante el gobierno de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, solicitó asilo como “refugiado político en Uruguay”. Esa decisión de no regresar a la Argentina lo convierte en el primer ex funcionario macrista prófugo de la justicia.
La jueza federal María Servini había dispuesto que Simón debe declarar en el marco de su rol como armador de la siniestra mesa judicial M, ya que se investiga una asociación ilícita para perseguir al Grupo Indalo (C5N y Radio 10) y sus accionistas Cristóbal López y Fabián De Sousa, en la que Pepín es uno de los principales involucrados.
En la causa, que inició durante el gobierno de Cambiemos el empresario De Sousa, también aparecen Mauricio Macri, Alberto Abad, Mario Quintana, Guillermo Dietrich y José Torello, entre otros.
Pepín es investigado por apretar, extorsionar y hostigar a los principales accionistas del Grupo Indalo y también a sus familias. Por estas horas, van a solicitar su extradición de Uruguay.
Esta mañana, el presidente Alberto Fernández apuntó contra el ex asesor jurídico del gobierno anterior: “Toda la Justicia sabía que Pepín Rodríguez era el operador de Macri”, afirmó.
“Él dice pedir asilo porque no tiene posibilidad de defenderse en Argentina”, dijo el mandatario en diálogo con el programa “Buenos Vecinos”, en Radio 10.
“A Cristina (Fernández de Kirchner) le inventaron veinte causas y nunca se fue de su casa, siempre concurrió cada vez que la llamaron”, comparó el Jefe de Estado.
En tanto, Pepín relató en una carta: “Quiero contarles que solicité asilo como refugiado político en Uruguay”. Y luego agrega: “Esto implica que no voy a volver a la Argentina, hasta que cese la persecución en mi contra”. Asimismo, detalló: “Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad”.
Asimismo, denunció la presunta instalación “una muy intensa campaña mediática de difamación y desprestigio” en su contra en medios controlados por el Grupo Indalo, que tiene como propietarios a López y Sousa.
“Aníbal Fernández, los diputados Tailhade, Moreau, Valdez, el mismo ministro de Justicia, Martín Soria, el ex juez Norberto Oyarbide, y los abogados vicepresidenciales Graciana Peñafort y Gregorio Dalbón adelantaron que voy a quedar preso”, remarcó.
En los últimos párrafos de la carta, dijo: “Mi detención, por ilegítima que fuera, permitiría que estos poderosos empresarios íntimamente vinculados al gobierno, repararan simbólicamente su impunidad. No hay nada grato en el exilio, nada”.
“La Justicia como herramienta de Cristóbal López y De Sousa para perseguirme y privarme de mi libertad por mi actividad política lícita en representación del Gobierno de la CABA es lo que me llevó a pedir asilo como refugiado político en Uruguay”, concluyó.
El operador macrista demostró no tener palabra porque semanas atrás había confirmado que estaba en Punta del Este, Uruguay y le avisó a la Justicia que volvería recién en mayo.
Pepín huyó en diciembre del año pasado a Uruguay, antes de que la jueza Servini le prohibiera la salida del país. El abogado de Rodríguez Simón había presentado un escrito en el cual le comunicaba a la magistrada que estaba en Uruguay y que volvería a la Argentina recién el 15 de mayo, según un pasaje que adjuntó. Pero finalmente no cumplirá ni con lo que firmó ni con su palabra, porque su intención es seguir escondido en Uruguay.
En la causa consta que “Pepín Rodríguez Simón hablaba en nombre de Mauricio Macri directamente, por lo cual, la situación del ex presidente también podría complicarse.