La causa sobre la Gestapo antisindical y la mesa judicial bonaerense avanza sobre el papel de la exgoberandora María Eugenia Vidal. La fiscal Ana Russo, quien ya imputó a los 14 integrantes de la Mesa Judicial donde se organizaba la persecución a sindicalistas, ahora pidió ver el entrecruzamiento de los llamados telefónicos de María Eugenia Vidal e con los ex funcionarios de Juntos por el Cambio.
El pedido fue realizado al juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa abierta luego de conocerse un video de una reunión entre exfuncionarios macristas, empresarios y exespías de alta jerarquía en la AFI, ideada para coordinar acciones para perseguir judicialmente a gremialistas.
“Cabe destacar que esta representación del Ministerio Público Fiscal ha impulsado la acción penal, no sólo contra los presentes en la reunión del día 15 de junio de 2017, sino también contra toda otra persona que resultare” involucrada con los hechos denunciados, explicó la fiscal en su dictamen.
Russo sostuvo que se investiga “la supuesta organización de una estrategia, elaborada por el Gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la ciudad de La Plata”.
El martes, como comentó este portal, fueron imputados Garro y otros 14 acusados que concurrieron a una reunión en la sede porteña del Banco Provincia el 15 de junio de 2017 y a “toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador de los hechos” y que “pudieran ser identificados en el devenir de la instrucción”, según el dictamen.
Si bien no incluyó a Vidal en el listado de imputados, la fiscal enmarcó el pedido para investigar sus comunicaciones en el mismo dictamen -punto 6 de la resolución- en el que imputó al intendente Garro y a otros 14 participantes en la reunión.
Para ello, solicitó al juez un “exhaustivo informe de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los exfuncionarios presentes en la reunión del día 15 de junio de 2017 y el o los abonados asignados a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal”.
La fiscal, en ese punto, requirió el detalle de las comunicaciones realizadas entre esas personas desde el 1 de mayo de 2017 hasta diciembre del mismo año.
Aquella reunión de junio del 2017 fue grabada por una cámara y originó una denuncia penal por parte de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, luego de que se conocieran audios en los que se instaba a iniciar causas judiciales contra el extitular de la Uocra La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina.
Por otra parte, la fiscal ratificó también la competencia del fuero federal al sostener que se puede estar ante delitos como asociación ilícita o infracción a la Ley de Inteligencia, algo que había sido objetado por la propia Vidal en su única entrevista pública desde que estalló el escándalo, en el canal La Nación +.
En su dictamen, la fiscal dejó planteado que “se proceda al llamado a indagatoria” de aquellos imputados sobre quienes, una vez cumplidas las medidas de prueba pedidas, “se alcance el estado de sospecha suficiente”.
La Fiscalía amplió la imputación a todos los participantes de la Mesa Judicial de Vidal