La investigación parlamentaria sobre la mesa judicial bonaerense busca esclarecer la responsabilidad política del gobierno de María Eugenia Vidal en perjudicar a dirigentes sindicales y la expectativa está puesta en la declaración de cuatro figuras clave: el procurador Julio Conte Grand, el exdirector de Contrainteligencia de la AFI Diego Dalmau Pereyra y dos exempleados del Banco Provincia y como cabeza de esa mesa judicial a la ex gobernadora María Eugenia Vidal.
Conte Grand, quien desistió de presentarse el martes pasado ante la subcomisión de Inteligencia del Congreso Nacional, fue señalado como quien avalaba desde la Procuración bonaerense el impulso de causas armadas contra gremialistas en la provincia. “”Hay un silencio que aterra”, dice la actual senadora María Teresa García, quien viene denunciando al procurador desde el año 2017 por la persecución a políticos y sindicalistas opositores.
La decisión de la comisión bicameral de convocar a Conte Grand está vinculada con la filmación de una reunión del 2017, en la que exfuncionarios de Vidal, exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios expresaban su acuerdo para delinear acciones judiciales contra referentes del gremio de la construcción de La Plata.
El audio de ese video -que constituyó el puntapié para el inicio de la investigación judicial y parlamentaria- reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General en el objetivo de perjudicar a sindicalistas.
La diputada Susana González afirma que esta probado el armado de causas entre el poder ejecutivo y el judicial y da sus explicaciones. “Durante el gobierno de Macri-Vidal, para imponer un plan económico basado en bajar los costos laborales, abrir importaciones indiscriminadamente, sacar las restricciones a los capitales golondrinas y contraer deuda para fugar capitales, era necesario un gran blindaje mediático con noticias que distraigan a la ciudadanía.
Y en la ejecución de ese plan se intentaron y se ejecutaron otros métodos, como encarcelar y desapoderar de sus bienes a muchos, como hicieron con Oil Combustibles. Intentaron generar una especie de muerte civil, que supone la pérdida de la personalidad jurídica para una persona, la privación en general de sus derechos. Conte Grand fue el garante del armado de esas causas”, dice González.
Paralelamente, a lo señalado por las legisladoras García y González, el comisario Hernán Cassasa confirmó ante la subcomisión Bicameral de Inteligencia del Congreso que son de su autoría los audios en los que menciona el accionar de la “mesa judicial” macrista y en los que detalla quiénes formaban parte de ella.
Cassasa, actual comisario de la Policía Bonaerense y subcomisario en el 2017, fue uno de los primeros en declarar ante ese grupo de trabajo, integrado por los diputados del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) Miguel Angel Bazze.
Así, mientras la fiscal Ana Russo y el juez federal Ernesto Kreplak llevan adelante el expediente judicial, en el que están imputados todos los asistentes a dicha reunión del 2017, realizada en la sede porteña del Banco Provincia, los parlamentarios quieren establecer la responsabilidad política de ese armado ilegal.
Por eso, ante la posibilidad de que Conte Grand vuelva a excusarse de asistir en persona al Congreso Nacional (el funcionario judicial pidió responder por escrito), los legisladores advirtieron que no concurrir a la bicameral “es causal de mal desempeño y de juicio político”, algo que debería analizar el Parlamento bonaerense.
“No aceptamos el planteo de Conte Grand de querer declarar por escrito. Tiene responsabilidades políticas, institucionales y éticas y debe presentarse el 27 de enero”, dijeron desde la subcomisión.
Las explicaciones del Procurador, quien días atrás fue visto compartiendo un almuerzo con el expresidente Mauricio Macri, son trascendentes a la hora de establecer si hubo responsabilidad política en el armado de ese plan para perjudicar a sindicalistas durante la gestión de Vidal, quien en un primer momento dijo que se había tratado sólo de una “reunión de trabajo” (la del 15 de junio de 2017) y luego objetó que hubiera sido filmada.
En este escenario, el martes próximo está previsto que respondan preguntas de la subcomisión Emilia Jaime, secretaria del entonces presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, y el exgerente de Relaciones Institucionales de esa entidad Hernán Stella.
Los legisladores buscan saber el paso a paso de cómo se gestionó ese encuentro en el banco y si se concretó a pedido de la Gobernación.
Fuentes parlamentarias explicaron que Emilia Jaime fue quien envió el mail pidiendo la reserva del salón por tres días. La convocatoria a Stella, responsable entonces de las relaciones institucionales del banco, apunta a que explique por qué no hay registro del ingreso de quiénes participaron de la reunión de la denominada mesa judicial bonaerense.
La subcomisión, en tanto, ya realizó una visita ocular a la sede porteña del Bapro ubicada en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires.
En ese marco, se reunieron además con el exjefe de seguridad del edificio, Mariano Albito, quien aseguró a los legisladores que históricamente “nunca hubo cámaras” en el lugar.
De acuerdo con la investigación que llevan adelante, los legisladores pudieron acreditar que la sala del Banco Provincia fue reservada por la Gobernación de Vidal por un lapso de tres días y que las cámaras fueron instaladas y desmontadas un día antes y otro posterior a cuando ocurrió el encuentro.
El jueves último también los legisladores recibieron al exdirector operacional de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, cuya declaración sin embargo fue postergada por consejo de su abogado para no interferir en la presentación que deberá hacer próximamente ante la justicia bonaerense, informaron fuentes parlamentarias.
El imputado Dalmau Pereyra fue uno de los asistentes a la reunión realizada el 15 de junio de 2017, al igual que Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia provincial); Roberto Gigante (exministro de Infraestructura); el senador provincial de Juan Pablo Allan; el intendente de La Plata, Julio Garro; Darío Biorci, exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani; y Juan Sebastián De Stéfano, exjefe del área de Jurídicos de la central de espías.
También estuvieron en el Bapro el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Eugenio Villegas; Marcelo Jawroski (vicepresidente de la Unión Industrial del Gran La Plata); Ricardo Alconada (presidente de la empresa OCSA); y Guillermo Moretto (Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata).
Otros participantes fueron Jorge Oscar Del Río (vicepresidente de Apymeco); Fabián Cusini (constructor inmobiliario, presidente de Agrineco); Fernando Sacrachi (director de ACIP) y Bernardo Zaslascky (director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción).
Frente a este escenario, el exmiembro de la Cámara Federal porteña Jorge Ballestero, aseguró que hubo un “plan sistemático, clandestino y criminal dispuesto por las máximas autoridades del país” durante la gestión de Cambiemos y pidió ser querellante en la causa de la mesa judicial, en su rol de abogado del exjefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez.
Solicitó también que se investigue a Vidal por violación de la ley de Inteligencia, al igual que al diputado nacional Cristian Ritondo, Conte Grand y al exjefe funcionario bonaerense Federico Salvai.
Fuentes de Télam y propias