Irurzun ya opera para que Comodoro Py se quede con la causa de la GestapoPRO que involucra a Vidal

El camarista Martín Irurzun, el que inventó una “doctrina” para meter preso a dirigentes del kirchnerismo durante el gobierno de Mauricio Macri, ahora trabaja para que la causa de la Gestapo antisindicial que involucra a la ex gobernadora y al ex presidente deje el juzgado de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, y pase a Comodoro Py.

El juez hizo una movida para separar del tribunal al juez Roberto Boico, el único que no fue nombrado por el macrismo, para decidir si Kreplak continua o no con la causa en el juzgado federal de La Plata.

Todo comenzó cuando Darío Biorci, integrante de la AFI macrista, pidió que la causa pase a Comodoro Py. No solo eso, su abogado argumento que Boico no era parcial por haber sido abogado de Cristina Kirchner y haber denunciado el Lawfare en la justicia.  El abogado expresó que “el Dr. Boico se refirió a un Poder Judicial corroído y tóxico que se mantiene a partir de una estructura enquistada y penetrada por los servicios de inteligencia.”

Boico rechazó el planteo del ex agente de inteligencia, pero Iruzun hizo lugar al planteo del ex agente con el simple argumento que “los elementos de la causa avalan esa argumentación”. Con el apartamiento de Boico, la sala II deberá completarse con un camarista de la sala I que está integrada por tres jueces nombrados por Macri: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzi y Mariano Llorens.

La causa. La desesperación de la ex gobernadora Vidal y de Mauricio Macri por quitarle la causa al juez federal Krepak es por temor que los llame a indagatoria y los procese como sucedió con los ex ministros bonaerenses y los ex agentes de la AFI.

En su resolución, el juez pidió profundizar la investigación a las “autoridades nacionales” que dieron las ordenes -sin nombrarlos apunta a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, al ex presidente Mauricio Macri, a autoridades judiciales y a las máximas autoridades de la AFI-.
Los procesados hasta hoy son el exministro Villegas; el intendente Garro; el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Dario Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI). A todos los procesados el juez les trabó embargos por 10 millones de pesos, mientras que en la misma resolución dispuso la falta de mérito para el exministro de Planificación bonaerense Roberto Gigante y para los empresarios que participaron de la reunión del Bapro.

La causa comenzó a partir del hallazgo de archivos digitales de la AFI, y en especial de la reunión grabada en el banco Provincia con ministros provinciales, agentes de la AFI y empresarios para organiza causas armadas contra dirigentes sindicales.
En aquella reunión celebrada el 15 de junio de 2017, al entonces ministro de Trabajo de Vidal se le escuchó decir: “Créeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo (la policía política del nazismo), una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.
En el fallo, de casi 250 páginas, el magistrado describe las maniobras que se le atribuyen a los procesados que habrían llevado a violar la ley de Inteligencia y a que se dictaran fallos judiciales arbitrarios en perjuicio del sindicalista de la Uocra platense.

Kreplak hizo un repaso de las constancias de la investigación adicionales al video: la agenda de Villegas donde constaban una serie de reuniones con personas idénticas a las que participaron de la reunión del Bapro; el cruce de llamados coincidente con la corroboración de la hipótesis delictiva; las tareas de inteligencia “de campo” llevadas a cabo por espías sobre Medina y su entorno; y el acceso a bases de datos para la elaboración de informes de espionaje. Por eso, lo más relevante respecto a la proyección del fallo es que debe profundizarse la pesquisa sobre las autoridades políticas nacionales (dentro de la órbita de Macri), provinciales (Vidal) y de la AFI (con el dúo Arribas-Majdalani más comprometido). “Se advierte que la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados”, señaló Kreplak. Un dato. De las comunicaciones surgen contactos de Villegas y de De Stéfano hacia el juez federal de Quilmes Luis Armella, que tenía la causa principal contra Medina. Más temprano,

“Se advirtió que durante el desarrollo de la reunión, no sólo se instó a los empresarios presentes a que formularan denuncias, y se los instruyó respecto de cómo y dónde debían hacerlas, con la garantía de haber ´chequeado´ con funcionarios judiciales que ´eso va a funcionar´, como se desprende de las transcripciones que contiene la denuncia inicial, sino que se planteó una estrategia que implicaba un ´accionar múltiple´ para avanzar hacia el objetivo de involucrar en procesos penales”, señaló uno de los párrafos centrales con la confirmación de la maniobra delictiva. “No existió autorización o requerimiento judicial para la realización de esas tareas ni para la intervención de la AFI en ningún aspecto de la investigación”, concluyó.

El juez cuenta con lujo de detalle cómo se organizó la reunión en la sede porteña y el rol de las autoridades del banco, los agentes de la AFI y el rol del intendente Julio Garro. De los extractos de las conversaciones, dice el juez, se desprenden dos menciones de especial interés: una, el rol de Garro como a quien debían invocar quienes llegaran y como quién comunicó al Banco que un día después del 15 no se iba a usar el salón. Otro, el rol de Soledad Borsani, responsable de la Coordinación General Unidad Gobernador. Ella aparece como quien se había encargado de transmitir la reserva del salón. Para Kreplak, Garro “quien recordemos, había concurrido el día 13 de junio en la AFI, estuvo de algún modo involucrado en la organización del evento”. Y la presencia de uno y de otra, dice, muestran, una vez más, la “intervención de los distintos estamentos gubernamentales” con la estrategia de judicialización.

Por último, afirma: “Ha sido corroborado por otros medios, un elevado nivel de coordinación entre autoridades jerárquicas de los poderes ejecutivos nacional, provincial -de Buenos Aires- y municipal -de La Plata-, que incluyó también a un Senador provincial de Buenos Aires, probablemente en su doble rol de miembro del Consejo de la Magistratura provincial”, señaló. Y remarcó: “Esta coordinación supondría en sí misma la existencia de órdenes o autorizaciones incluso a niveles superiores de esas instancias de gobierno, porque no es razonable ni acorde a la experiencia suponer que esa cantidad y nivel de funcionarios acordaran y desarrollaran una estrategia común sin contar con el aval de sus superiores”.