El  PJ bonaerense salió a bancar a Cristina Kirchner y denunció la persecución judicial sobre la vicepresidenta

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires manifestó su “apoyo” a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por considerar que se enfrenta a “una nueva embestida de la corporación judicial”, en el marco del desarrollo del juicio de la causa que se sigue por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, y que la tiene como imputada.

“Los compañeros del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires queremos brindarle nuestro apoyo unánime a la compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ante una nueva embestida de la corporación judicial que responde a intereses partidarios vinculados a Mauricio Macri”, expresó el comunicado difundido por ese espacio político.

En esa línea, la declaración apuntó contra la gestión del expresidente Macri por dejar “consecuencias desastrosas que aún está pagando el conjunto del pueblo argentino”.

Además, se consideró que “las sistemáticas persecuciones” a la titular del Senado “responden a intereses políticos que nada tienen que ver con la búsqueda de justicia”.

“Manifestamos nuestro repudio a este accionar antidemocrático y le transmitimos a la compañera Cristina nuestro respaldo incondicional. El pueblo y la verdad siempre triunfan”, finalizó el texto.

Comunicado del PJ Bonaerense en apoyo a @CFKArgentina ante una nueva embestida judicial.#TodosConCristina pic.twitter.com/X4DE2Znkqa

— PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) August 5, 2022

Durante toda la semana, referentes del Frente de Todos (FdT) y funcionarios de la coalición gobernante expresaron mensajes de apoyo a la Vicepresidenta a través de las redes sociales, reunidos con la etiqueta #TodosConCristina.

Ayer, organismos de derechos humanos expresaron su solidaridad con Fernández de Kirchner y denunciaron que existen “prácticas judiciales persecutorias hacia líderes políticos”.

También el Grupo de Puebla, el foro que nuclea a funcionarios y exmandatarios latinoamericanos de signo progresista, advirtió que la vicepresidenta es víctima de una “guerra jurídica (lawfare)” y consideró que el juicio es “un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuros intereses políticos de poderosos conglomerados económicos”.