Después de casi un año de incumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y la cautelar de la Justicia que obliga al Estado Nacional a cumplir con la ley, el gobierno de Javier Milei finalmente dio un paso atrás y oficializó una ampliación presupuestaria superior a los 4 billones de pesos destinada, principalmente, al sistema universitario nacional.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que establece una importante reasignación de partidas. En el caso del programa de Desarrollo de la Educación Superior del Ministerio de Capital Humano, la ampliación alcanza los 1,33 billones de pesos, de los cuales el 98% será destinado a transferencias para las universidades nacionales y el resto al pago de becas estudiantiles. Todo el refuerzo será financiado con recursos del Tesoro Nacional.
La medida generó expectativa entre las autoridades universitarias y los gremios docentes y no docentes, que ahora esperan que el Ejecutivo cumpla efectivamente con la resolución de la Corte Suprema. El máximo tribunal rechazó el último recurso presentado por el Gobierno y dejó firme la cautelar que ordena aplicar la ley y garantizar el financiamiento del sistema universitario.
Según estimaciones de los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la recomposición salarial aún debería rondar el 25%. Los cálculos contemplan el aumento del 21,3% acordado a fines de mayo y un incremento adicional del 3% previsto para octubre, aunque consideran que todavía resta recuperar buena parte del poder adquisitivo perdido durante el último año.
Más allá del decreto, desde el propio Gobierno reconocieron que, mientras continúe vigente la cautelar judicial, deberán comenzar a ejecutar los aumentos, aunque evitaron precisar un cronograma y dejaron trascender su malestar por la decisión de la Justicia.
El conflicto comenzó cuando el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario. Milei la vetó, pero ambas cámaras insistieron con una mayoría de dos tercios. Luego el Ejecutivo decidió judicializar la norma, aunque finalmente la Corte Suprema rechazó su planteo y dejó firme la obligación de cumplir con la ley. El fallo representó un fuerte respaldo a las universidades públicas, que durante meses denunciaron el desfinanciamiento del sistema.
La ampliación presupuestaria también contempla otros incrementos de partidas. El decreto asigna casi 50.000 millones de pesos adicionales a la SIDE, más de 111.000 millones al Poder Judicial y alrededor de 230.000 millones al área de Salud. Asimismo, dispone nuevas transferencias para empresas públicas como ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina.
La educación pública no recibió estos fondos por decisión política del Gobierno, sino porque la Justicia lo obligó a cumplir una ley votada por el Congreso. Cuando un presidente sólo respeta las instituciones después de perder en los tribunales, queda claro que el verdadero ajuste nunca fue contra “la casta”: fue contra las universidades, los docentes y los estudiantes.