Mientras desde el Gobierno intentan instalar el debate sobre una eventual visita de la Selección Argentina a la Casa Rosada y algunos medios afines especulan con que eso ayudaría a cambiar el clima político, otro tema sigue avanzando silenciosamente en los tribunales y amenaza con convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el oficialismo.
Según distintas versiones, el Ejecutivo incluso habría bajado el tono de sus enfrentamientos con Claudio “Chiqui” Tapia para facilitar un eventual acercamiento con los campeones del mundo. Sin embargo, los jugadores mantienen el silencio y todo indica que, si deciden comunicarse con los argentinos, lo harán de la manera que consideren más conveniente y no necesariamente desde el balcón de la Casa Rosada.
Pero mientras el Gobierno apuesta a la agenda mundialista, la investigación sobre Manuel Adorni continúa avanzando.
En las últimas horas, el fiscal federal Germán Pollicita recibió los informes técnicos elaborados por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), que analizó la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.
El estudio comprende el período que va desde diciembre de 2023, cuando Adorni asumió funciones en el Gobierno de Javier Milei, hasta la actualidad. Allí se revisaron declaraciones juradas, bienes, gastos, inversiones, operaciones bancarias y movimientos con criptomonedas.
De acuerdo con la información publicada por la agencia Noticias Argentinas, el informe detectó “inconsistencias” en la evolución patrimonial, motivo por el cual la fiscalía ya trabaja en un eventual requerimiento para que Adorni justifique el origen de parte de sus movimientos económicos.
La investigación fue exhaustiva. Se analizaron ingresos y egresos de dinero, transferencias bancarias, movimientos entre cuentas propias y familiares, rescates de inversiones, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda, operaciones con billeteras virtuales y transacciones con criptoactivos.
Además, los especialistas cruzaron toda esa información con declaraciones juradas patrimoniales, antecedentes bancarios y registros fiscales para reconstruir con precisión la evolución económica del funcionario.
El informe no establece todavía la existencia de un delito ni cuantifica un supuesto enriquecimiento, pero sí señala inconsistencias que ahora deberán ser evaluadas por la fiscalía. Si esas diferencias no pudieran ser justificadas, Adorni podría ser citado a brindar explicaciones judiciales durante las próximas semanas y, eventualmente, enfrentar una indagatoria si así lo dispone el juez de la causa, Ariel Lijo.
Los movimientos bajo la lupa
Entre los datos que trascendieron de la investigación figura que, desde que asumió funciones públicas, Adorni habría movido alrededor de 743.000 dólares.
De ese monto, aproximadamente 408.000 dólares corresponderían a gastos, mientras que otros 335.000 dólares estarían vinculados a presuntas deudas contraídas con cinco personas distintas.
A eso se suman consumos con tarjetas de crédito por unos 85 millones de pesos durante 2025.
La Justicia también analiza dos importantes operaciones inmobiliarias: la compra de un departamento sobre la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, donde actualmente reside junto a su familia, y la adquisición de una vivienda en el country Indio Cuá. Según declaró el contratista Matías Tabar, solo las refacciones de esa propiedad habrían demandado una inversión cercana a los 245.000 dólares.
La investigación incluye además viajes realizados al Caribe, Bariloche, Gualeguaychú y España, muchos de ellos abonados en dólares y en efectivo, así como movimientos en cuentas de dinero digital que, según fuentes vinculadas al expediente, rondarían los 100.000 dólares.
Mientras tanto, los investigadores continuarán revisando toda la documentación durante la feria judicial para determinar si corresponde avanzar con nuevas medidas procesales.
El Gobierno intenta correr el foco con la euforia del Mundial y una posible foto con la Selección. Sin embargo, los expedientes no juegan al fútbol. En los tribunales no hay tiempo suplementario ni penales: tarde o temprano, las cuentas tienen que cerrar.