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27 abril, 2024
PAÍS

Investigan financiamiento de los grupos de odio por el ataque contra Cristina: admiten un millonario pago del Grupo Caputo

Con el correr de los días, la hipótesis del “loco suelto” que atentó contra la vida Cristina Kirchner pierde peso, a pesar de los intentos de los medios hegemónicos que intentan reflejar esa teoría, ante el temor de que la investigación pueda afectar intereses vinculados a sectores del poder, sobre todo en la búsqueda de pruebas que permitan determinar el financiamiento de organizaciones que, a esta altura, no sólo promueven el odio contra figuras del arco oficialista, sino que trascendieron a la ejecución de actos ultra violentos.

Y es que cada vez más aparecen pruebas sobre la planificación y tareas de inteligencia previas al intento de magnicidio perpetrado contra la vicepresidenta, y que no puede desligarse del resurgimiento de grupos de odio que realizan escraches, tal como ocurrió con el referente del MTE, Juan Grabois, el actor Pablo Echarri y el ministro de Economía, Sergio Massa, además de lo que significó la llamada ‘marcha de las hogueras’ frente a la Casa Rosada el 18 de agosto último.

Mientras tanto, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, denunció ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti que el grupo violento “Revolución Federal” estuvo detrás del intento de homicidio de CFK, y aportó audios en los que se escucha a sus integrantes también jactarse de su intención de asesinar al presidente Alberto Fernández y al diputado Máximo Kirchner.

Hoy la periodista Luciana Bertoia, en el diario Página/12, revela que el fundador del grupo que usa horcas y antorchas, Jonathan Morel, reconoció haber recibido $ 1.760.000 del Grupo Caputo. Desde el entorno del empresario Nicolás Caputo —“amigo del alma” de Mauricio Macri— lo niegan, pero el vínculo podría ser con una firma de los hermanos de Luis Caputo, ex ministro de Finanzas del ex presidente, y primo de Nicolás.

“Yo realicé un trabajo para un fideicomiso. No tenía forma de saber quién estaba detrás”, dice Morel, si bien comenta haber intercambiado unos correos electrónicos que tenían una mención a Caputo Hermanos.

El joven de 23 años asegura ser propietario de una carpintería en zona norte del conurbano y relata que, a través de una decoradora de interiores, hizo un trabajo el mes pasado para un hotel en Neuquén en cuya construcción estaría involucrada la empresa de los Caputo. “Cuando estaba en Neuquén me enteré de que se trataba de Caputo y después se lo dije a mi socio”, agrega.

“Yo estoy tranquilo, pero sabía que esto iba a surgir. Te cuadra por todos lados, pero son casualidades. Si hubiera querido hacer algo, no habría sido tan burdo”, dice Morel.

Página/12 se contactó con un asesor legal de Nicolás Caputo, quien dijo que el empresario niega tener obras en Neuquén y por ende haber contratado la carpintería del fundador de Revolución Federal. “No tiene ni un hotel ni obras en Neuquén, tampoco una razón social que sea Caputo hermanos”, especificó la fuente.

En realidad, la razón social Caputo Hermanos pertenece a un desarrollo inmobiliario con sede en San Isidro, en la zona donde estaría instalado el negocio de Morel. La firma está ligada a los hermanos de Luis Caputo, el ex secretario de Finanzas de Macri y primo de Nicolás.

Los casi dos millones de pesos que Morel dice haberle facturado a un fideicomiso que sería de los Caputo es un dato con respecto al desempeño que venía teniendo el pequeño comercio del líder de Revolución Federal. Según él mismo reconoce, nunca antes había facturado tanto.

En sus dichos, Morel relaciona la génesis del grupo que llevó antorchas y guillotinas a la Plaza de Mayo con el trabajo que supuestamente concretó para Caputo. Según él, cuando hizo cálculos con su contadora, se dio cuenta de que no le quedaría ganancia por el trabajo y eso detonó su interés de querer “militar”.

El grupo Revolución Federal surgió —al menos en redes sociales— en mayo de este año. Justamente coincide con el momento del encargo de la tarea según Morel. El joven dice que el trabajo lo completó el mes pasado. “Estaba en Neuquén y no sabía si iba a llegar para la actividad del 18 de agosto”, explica. La actividad en cuestión fue una violenta protesta con antorchas frente a la Casa Rosada.

Morel se reconoce como quien concibió la idea de este grupo. Primero se acercó a los libertarios y después, junto con Leonardo Sosa, armó Revolución Federal. Sosa es uno de los activistas antigobierno que el 28 de agosto pasado posó en el balcón de la vecina de CFK, Ximena de Tezanos Pinto. A Sosa lo habían arrestado cinco días antes por las protestas violentas que protagonizó afuera del edificio de la vicepresidenta. Según confirmaron fuentes judiciales, al momento de la detención, Sosa tenía material inflamable en su mochila.

Minutos después de que la jueza Capuchetti detuviera a Nicolás Gabriel Carrizo, en los propios tribunales de Comodoro Py llegó la presentación de Rossi que apuntaba hacia la vinculación de Revolución Federal con el intento de asesinato de CFK.

La AFI aportó audios de una transmisión en vivo que se hizo el 26 de agosto desde el Twitter de Revolución Federal, en la que se escucharía al propio Morel y a una persona identificada como Franco Castelli no solo hablar de la seguridad de la vicepresidenta, sino también de sus deseos de atentar contra el diputado Máximo Kirchner y, también, contra el presidente Alberto Fernández.

“Lamentablemente a Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algunos años, en algunos años yo sé que me lo voy a cruzar y voy a hacer patria”, se escucha que dice uno de los participantes de la conversación. En otro tramo, Morel le pregunta a Castelli por el domicilio de Máximo Kirchner. El dato sugerente es que Castelli es soldado voluntario en el Ejército y está destinado en Santa Cruz, pero en las últimas horas el ministro de Defensa, Jorge Taiana, dispuso separarlo de esas filas.

Entre otros delitos, el interventor de la AFI reclamó que se lo investigue por instigación a cometer delitos, amenazas, intimidación pública y otros que pueden englobarse como atentados contra los poderes constitucionales. Desde ese organismo remarcan que existe un riesgo para la seguridad nacional y el orden democrático.

 

 

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