En una nueva (y burda) muestra sobre cómo la “justicia” argentina no es más que un apéndice del macrismo, el juez federal Sebastián Ramos, en tiempo récord, archivó una denuncia que se había presentado por los chats que se filtraron a finales de diciembre y que mostraban cómo Silvio Robles, el principal asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, le daba indicaciones al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
Para hacerla completa, quien fue un partícipe necesario en esta nueva cachetada judicial fue el procesado fiscal Carlos Stornelli, quien consideró que las comunicaciones eran producto de la inteligencia ilegal, por lo cual desvió la atención sobre la gravedad del caso, para introducirse en un terreno que tan bien conoce.
“No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso, pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, escribió Ramos en un fallo de trece páginas con el que cerró dos denuncias que estaban radicadas en los tribunales de Comodoro Py.
De esta manera, el magistrado rechazó de plano tener en cuenta pruebas que fueron obtenidas de manera ilegal para continuar con la investigación, lo que establece un antecedente muy fuerte para las otras causas surgidas del escándalo de los chats.
“En 5 te paso letra para que vos lo muevas”, le dice Robles a su amigo en un pasaje. “Espero que hagas sacar el fallo Robles”, le contesta el ahora suspendido ministro en tono jocoso.
La conversación continúa y gira en torno a otros temas como la composición del Consejo de la Magistratura. Ahí también Robles le explica a D’Alessandro cómo deben comportarse los legisladores de Juntos por el Cambio para ganarle la disputa al kirchnerismo.
Eso derivó no solo en el pedido de juicio político, sino también en las denuncias del Frente de Todos ante lo que consideran delitos de precarivato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, mal desempeño y tráfico de influencias.
Después de que se conocieran los chats entre Robles y D’Alessandro, el abogado Gastón Marano –que ejerce como defensor de Nicolás Gabriel Carrizo en la causa del atentado contra Cristina Kirchner– presentó una denuncia contra los dos. En un planteo de lógica pura, sostenía que Robles no podía estar asesorando a D’Alessandro porque no tiene matrícula como abogado, y que por lo tanto tampoco podría hacerlo al ser funcionario de la Corte.
La denuncia quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, quien está de vacaciones. Durante enero, lo reemplazó la jueza María Servini, que se excusó de intervenir. La magistrada –que aparecía mencionada en la filtración de chats– tuvo una disputa con D’Alessandro por su custodia, lo que la obligó a pedir protección de la Policía Federal Argentina (PFA) y abandonar la que le proporcionaba la Policía de la Ciudad. El fiscal que debía intervenir era Carlos Rívolo, pero –como aparecía como contacto frecuente de D’Alessandro en la filtración– también se inhibió.
Después de la excusación de Servini, la causa pasó al juzgado de María Eugenia Capuchetti, pero ella también está de feria. Fue frente a esa sumatoria de circunstancias que el expediente quedó finalmente en manos de Ramos, quien le corrió vista al fiscal, que resultó ser nada más ni nada menos que el ultramacrista Carlos Stornelli.
Básicamente, el fiscal pidió investigar la filtración de los chats de D’Alessandro como un posible caso de espionaje y que, por eso, no podía ahora impulsar una denuncia contra el ministro de Rodríguez Larreta –en uso de licencia– por hechos que surgieron de esa filtración.
De hecho, Stornelli llegó a pedir que se investigue al diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade como una de las posibles manos detrás el supuesto hackeo. Tailhade se presentó a hacer un descargo. Entre otras cosas, el legislador dijo que no podía investigarlo un fiscal que estaba procesado por sus andanzas con el espía y falso aboado Marcelo D’Alessio.
En este caso, Stornelli fue un paso más allá para postular el cierre en favor de Robles y D’Alessandro. Recurrió al fallo de Casación que reabrió la causa del Memorándum con Irán, y citó lo que entonces dijo la camarista Ana Figueroa sobre que no podría usarse como evidencia una escucha ilegal obtenida entre el ex canciller Héctor Timerman y el presidente de la AMIA Guillermo Borger. La cita de Stornelli no es inocente: el caso del memorándum fue invocado por el oficialismo para explicar que los tribunales habilitaron investigar aun cuando la procedencia de una prueba era ilícita.
Ante ese escenario, se presentó el lunes último el abogado de Robles, Matías Ledesma, y pidió el archivo de la causa. Lo obtuvo al día siguiente, pero la decisión recién se conoció en las últimas horas.
Ramos podría haberse ceñido a que Stornelli no impulsó la acción penal, pero también buscó dar un mensaje. “El juez debe velar porque no haya injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de las personas sin razón que la justifique”, señaló. Echó mano también a la comparación con la última dictadura en la que dijo que la protección de la privacidad “sufrió su punto de menoscabo más alto”.
Al no haber querellantes, no habrá quien apele la resolución de Ramos. Contra la dupla Robles-D’Alessandro estaban también las denuncias que presentaron los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja).
Lo cierto es el que el fallo no solo favorece a los dos denunciados, sino que sirve como un espaldarazo para Rosatti, que también fue denunciado por este hecho en el pedido de juicio político que presentaron los diputados del Frente de Todos la semana pasada, y que deberá empezar a analizarse a partir del lunes próximo.
Todos los indicios conducen a que la oposición –que se abroquela en defensa de los cuatro supremos– termine levantando la resolución como una bandera para decir que, si se sospecha del origen de la prueba, no podrá ser tenida en cuenta tampoco por el Congreso.