Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, de la Cámara Federal de Comodoro Py, habilitaron que continúe la persecución contra Roberto Navarro en una causa en la que Eduardo Feinmann y Luis Majul pidieron hasta 6 años de cárcel para el director de El Destape por advertir sobre los peligros de los discursos de odio. Tras dos desestimaciones por inexistencia de delito, el caso llegará ahora a la Cámara de Casación, máxima instancia penal del país, y el destino del expediente lo definirán dos jueces designados por Mauricio Macri.
Feinmann y Majul denunciaron a Navarro por sus dichos del 15 de agosto de 2022 durante el pase con Roberto Caballero en El Destape Radio. Pero lo que presentaron para acusarlo de incitación a la violencia colectiva y pedir hasta 6 años de cárcel fue un recorte sacado de contexto. Por eso, al presentar la defensa de Navarro, sus abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa no solo aportaron una extensa jurisprudencia, en la que queda en evidencia que los dichos del periodista se enmarcan en la libertad de expresión tal como marca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tratados que la Argentina firmó y tienen jerarquía constitucional, sino que además entregaron la grabación completa del programa y mostraron como se habían descontextualizado los dichos del director de El Destape.
En el intercambio completo Navarro dijo: “Si vos vas pasando los canales y en todos están generando odio…no informando. Son editoriales, en donde se insulta, se trata de chorro todo el tiempo, no hay forma de que eso no ocurra, que no vaya subiendo el nivel de la violencia. Esos tipos, los Viale, los Lanata, los Feinmann, los Majul son los que están generando la violencia. Después pasan al aire los escraches. Yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo hay que hacer con Jony Viale, con Majul, Leuco. Algo tenemos que hacer para frenarlos. Algo tenemos quehacer con ellos que están generando este nivel de violencia. Mañana o pasado un loco puede matar a alguien. A mi en 2016 me quisieron matar con una camioneta. Una mujer aceleró con una camioneta, me la tiró y me tuve que tirar para que no me pise. Porque la gente se va volviendo loca. Es un consumo de odio diario, como una adicción. Habría que intentar detenerlos. Deberían tener miedo ellos. Viale debería tener miedo de que algo lo frenara, que dijera yo puedo tener un castigo, alguien se puede enojar conmigo. No pasa nada con ellos, ¿no? ¿No es delito generar odio, instigar a cometer un acto de violencia contra los demás? ¿No van a pagar ningún precio?”
Caballero añadió: “Hablando de pagar precios…El Estado tiene algunas herramientas como para accionar contra los discursos de odio, que no es lo mismo que enojarse porque otro piensa distinto, son dos cosas absolutamente diferentes. Los discursos de odio son esto que vos bien describís. Incitar a que alguien agreda a otro o provocar un clima que afecte a otra persona o que lo impulse a hacer una barbaridad, como lo vemos habitualmente. Ahora, el estado tiene herramientas, y hablando de precios, que son pecuniarias, esencialmente. O sea que son multas. Se podrían aplicar multas que hagan, que sean sobre todos con medios con fines de lucro, insostenible su permanencia …o por lo menos con este tipo de agravios”,
Luego, cuando volvieron a hablar de los discursos de odio, Navarro agregó: “Los momentos de violencia en las sociedades no nacen de un repollo, algo sucede antes de que alguien comience un camino de violencia. Porque además todo eso genera una impotencia en muchos: ‘¿Qué hacemos con estos tipos que tienen el poder de demonizarnos?’ El otro día me decía un artista conocido que hace mucho no va a un restaurant, al cine, no salimos. Ese tipo tiene recortados sus derechos. Entonces, el Estado debe cuidarlo a Jony Viale para que esto no despierte la violencia contra él y alguien diga: ´Yo voy a frenar a este generador de odio´. El Estado debe intervenir para que no empiece un odio contra odio. Una violencia contra la violencia de ellos”.
Por último, Navarro advirtió: “Pero estos generadores de odio. Pagos. Mercenarios. Cobran millones y millones de pesos van a generar un clima de violencia en la Argentina que no sabemos a dónde va a llegar. Que no sabemos a dónde va a llegar. Y un día estos hechos van a terminar mal. Van a terminar a los tiros. Van a terminar mal. No es joda. Ellos agarran todo el día el micrófono y generan violencia. Bueno, esa violencia puede ir contra ellos también. Son generadores de odio. Es muy grave lo que esta pasando en la Argentina.” A los 15 días Fernando Sabag Montiel intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner.
Tal como señalaron sus abogados Peñafort y Rúa, “resulta claro que se estaba frente a una editorial en la que Roberto Navarro realizaba un alegato en pos de terminar con los discursos de odio, que a criterio del periodista incurren los periodistas que mencionó. Y que respecto a los limites o frenos que mencionaba, se refería a límites de tipo estatal u otros, pero nunca de naturaleza violenta, como pretende sostener el denunciante”. Y agregaron que “la expresión de las opiniones y pensamientos del Sr. Navarro, en el contexto en que fueron dadas no puede en verdad ser criminalizada ni se encuentra prohibida ni constituye actividad ilícita y se encuentra amparada por el derecho a la libre expresión en consideración de las previsiones convencionales y de jerarquía constitucional que resultan de ineludible aplicación al caso y cuya desatención puede incluso generar responsabilidad internacional de nuestro Estado”.
La denuncia contra Navarro recayó en primera instancia en el juzgado de María Eugenia Capuchetti y en el fiscal Carlos Rívolo, la dupla que investiga el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, la advertencia de Navarro fue pocos días antes del atentado contra la Vicepresidenta, que ocurrió el 1 de septiembre, y cuyos autores reflejaron en sus redes y chats comentarios que replican los discursos de odio de algunos periodistas, incluidos Feinmann y Majul. Lo que había advertido el director de El Destape.
Tanto el fiscal Rívolo como la jueza Capuchetti entendieron que Navarro no incurrió en ningún delito y desestimaron la denuncia, pero Feinmann -patrocinado por Gabriel Iezzi y Ana Laura Palmucci- apeló y el expediente llegó a la Cámara Federal.
A finales del año pasado la Cámara Federal desestimó la denuncia contra Navarro con los votos de los jueces Farah y Roberto Boico. En esa oportunidad, el camarista Irurzun había votado en disidencia y reclamado que la causa no se cierre y se mantenga la investigación contra el director de El Destape. Una amenaza velada por parte del autor de la doctrina para la persecución judicial de ex funcionarios kirchneristas y director de la oficina de escuchas desde la cuál se filtraron escuchas ilegales a Cristina Fernández de Kirchner y otros dirigentes.
Nota publicada en El Destape