Mientras miles de personas con discapacidad esperan durante años una respuesta del Estado para acceder a una pensión no contributiva, el gobierno de Javier Milei mantiene los privilegios del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, hoy investigado por la Justicia por hechos de corrupción.
En su primera conferencia de prensa como vocero presidencial, Adrián Ravier confirmó que Adorni continúa contando con custodia oficial, vehículos y efectivos de Gendarmería destinados a su seguridad en el country donde reside, beneficios que habitualmente corresponden a funcionarios en ejercicio.
“Por motivos de seguridad, por ahora se mantiene la custodia”, justificó el funcionario. Una explicación difícil de sostener cuando el propio Gobierno pregona el ajuste permanente y la eliminación de los privilegios de la denominada “casta”.
Ravier también descartó que el Ejecutivo impulse una investigación interna sobre las denuncias que pesan sobre el ex jefe de Gabinete, acusado de haber obligado a empleados de su área a prestarle sus tarjetas de crédito para realizar compras personales de elevado monto, devolviéndoles luego el dinero en efectivo y sin registrar.
Mientras los privilegios de la nueva casta libertaria permanecen intactos, la realidad de miles de argentinos con discapacidad sigue siendo dramática.
Según datos obtenidos por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) mediante un pedido de acceso a la información pública dirigido al Ministerio de Salud y a la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex ANDIS), el Estado apenas resolvió 10.374 solicitudes de pensiones no contributivas por discapacidad, mientras mantiene 227.354 expedientes pendientes de resolución.
Más de 90.000 de esas solicitudes fueron iniciadas durante la actual gestión. “La proporción entre lo resuelto y lo pendiente expone una verdadera parálisis”, advirtió el CELS.
La información oficial revela además que existen 324.303 solicitudes sin resolver. De ellas, 96.949 corresponden a expedientes cuya documentación aún no pudo completarse, por lo que 227.354 trámites continúan esperando una decisión administrativa.
El informe también señala que el 72% de los expedientes pendientes fueron iniciados antes del 31 de diciembre de 2023. Dentro de ese universo, el 86% corresponde a solicitudes presentadas entre 2020 y 2023, unas 200.011 en total.
Durante la gestión de Javier Milei, entre enero de 2024 y abril de 2026, ingresaron 90.791 nuevos pedidos de pensiones. Sin embargo, en ese mismo período apenas se otorgaron 8.633 beneficios y se rechazaron 1.741 solicitudes.
El CELS aclaró que un expediente solo puede resolverse cuando reúne toda la documentación requerida y supera los controles del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y de la Dirección Nacional de Migraciones. Por esa razón solicitó información complementaria para conocer cuántos expedientes completos están efectivamente en condiciones de recibir una resolución inmediata.
La demora, advierte el organismo, tiene consecuencias concretas. “Cientos de miles de solicitudes de pensiones no contributivas por discapacidad siguen sin resolverse sin explicación. Se trata de personas con discapacidad que esperan que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice su derecho a una pensión. Para muchas, ese ingreso cubre sus necesidades básicas. La demora se traduce en situaciones de extrema vulnerabilidad para ellas y quienes las cuidan”, sostuvo el CELS.
Las cifras muestran una contradicción difícil de ocultar: mientras el Gobierno acelera el ajuste sobre los sectores más vulnerables, mantiene intactos los beneficios de funcionarios cuestionados.
En ese mismo sentido se expresó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, al recordar el 50° aniversario del asesinato de los sacerdotes y seminaristas palotinos durante la última dictadura. “No queremos ser indiferentes, no queremos que nos ganen la crueldad y el individualismo”, afirmó. Y agregó: “Nos duele el sufrimiento de los enfermos, la soledad de nuestros abuelos y de quienes viven a la intemperie”.
El Gobierno repite que no hay plata cuando se trata de jubilados, personas con discapacidad o trabajadores. Pero siempre aparecen recursos para sostener los privilegios de sus propios funcionarios. La verdadera “casta” no parece haber desaparecido: simplemente cambió de nombre y de despacho.