Estaba cantado: Cristina Kirchner recibió un nuevo revés en la Justicia. El presidente de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia, rechazó apartar a la jueza federal María Eugenia Capuchetti de la causa en que investiga el intento de homicidio que sufrió la vicepresidenta el 1° de septiembre último frente al edificio en el que vive, en el barrio porteño de Recoleta.
En el mismo fallo, el camarista hizo una advertencia contra el abogado José Manuel Ubeira por las frases “ofensivas y agraviantes” que le dirigió a la magistrada cuando presentó los argumentos para recusarla.
De esta manera, Capuchetti seguirá al frente de la investigación en la que resta todavía impulsar medidas de prueba para terminar de investigar las hipótesis que planteó CFK con respecto al ataque: por un lado, las que apuntan al diputado Gerardo Milman (Pro) y dos empleadas en el Congreso; y, por el otro, las que ubican a la agrupación Revolución Federal detrás del intento de magnicidio.
El juez Bruglia, de manera unipersonal, rechazó el pedido de la vicepresidenta de apartar a la magistrada al entender que no se daba ninguna de las causales previstas.
Cristina Kirchner había planteado, mediante sus abogados Ubeira y Marcos Aldazábal, que la jueza no era imparcial y que tenía interés en el resultado del proceso porque se desempeñaba como docente e investigadora de un instituto de formación de policías de la Ciudad. Ubeira dijo que por esta relación es que Capuchetti no investigó a la policía porteña en relación con el atentado.
Los letrados habían pedido que se aparte a Capuchetti de la causa que investiga el intento de magnicidio por supuestas “actividades incompatibles” con su función, vinculadas a una tarea rentada en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la ciudad de Buenos Aires desde 2014.
El jueves pasado, en una audiencia ante el juez de manera presencial, los abogados argumentaron que Capuchetti “estaría cobrando un sueldo por parte de un organismo que debería ser investigado en estas actuaciones, demostrando ello un interés en el proceso”.
Bruglia analizó que “no se ha logrado demostrar que la actividad académica enunciada pueda determinar un interés en el resultado de este proceso por parte de la Dra. Capuchetti y/o provocar un temor de parcialidad que amerite su apartamiento”.
“El ejercicio de la docencia o la participación en trabajos de investigación como los descriptos -en principio- no se encuentran vedados para los magistrados y, en caso de verificarse alguna falencia administrativa y/o irregularidades en el contexto de posibles incompatibilidades genéricas, su tratamiento resulta extraño al instituto invocado y debería ser canalizado por demás vías administrativas específicas”, agregó.
“El solo desempeño académico tal cual lo describe la parte, tampoco conllevaría indefectiblemente al supuesto de recusación en el que se enmarca el planteo. Pues se requeriría al menos de la constatación de otros elementos objetivos, entre los cuales mínimamente permitan avizorar una coyuntura de una significativa y directa dependencia funcional, jerárquica y económica con los sujetos que potencialmente puedan resultar formalmente investigados, imprimiendo recién así un cuadro de situación que amerite adentrarse en un análisis respecto de la posible presencia o no de un ‘interés’ en el sentido que persigue la norma”, añadió el camarista.
Pero Bruglia fue más allá y reprendió al abogado por la manera en que se dirigió a Capuchetti en la audiencia de recusación realizada la semana pasada. “Se debe instar una nueva advertencia al letrado José Manuel Ubeira, abogado de la parte querellante, esta vez por la abusiva utilización de términos objetivamente ofensivos y agraviantes hacia un magistrado“, dijo Bruglia.
Enfatizó que el abogado expuso “opiniones carentes de efecto jurídico alguno”, lo que “revelan un innecesario exceso en el rol de su ministerio”. Bruglia decidió comunicar esta circunstancia mediante el envío de oficios al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación.
Los letrados habían pedido que se aparte a Capuchetti de la causa que investiga el intento de magnicidio por supuestas “actividades incompatibles” con su función, vinculadas a una tarea rentada en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la ciudad de Buenos Aires desde 2014.
El jueves pasado, en una audiencia ante el juez de manera presencial, los abogados argumentaron que Capuchetti “estaría cobrando un sueldo por parte de un organismo que debería ser investigado en estas actuaciones, demostrando ello un interés en el proceso”.