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La Plata
23 febrero, 2024
"SIN RED"

Ercolini denunció a Tailhade por haberle dejado facturas en la oficina, pero tan absurdo era que la justicia archivó la causa

El juez Julián Ercolini está muy acostumbrado a hacer una interpretación demasiado libre de las leyes y hasta estuvo dispuesto a cometer el delito de dádivas al aceptar la invitación del Grupo Clarín a la mansión del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido junto con otros magistrados, ex agentes de inteligencia y ministros del macrismo, pero denunció al diputado nacional Rodolfo Tailhade por haberle llevado una docena de facturas a su despacho.

La ironía de Tailhade tenía referencia directa a las facturas truchas que se presentaron para intentar tapar el escándalo de ese tristemente célebre viaje. Demás está decir que no había delito alguno, y así se lo hizo saber la Justicia a Ercolini, desestimando la causa.

Lo llamativo es que, con esta ridícula movida, el juez no hace más que demostrar cómo es que funciona la Justicia argentina, que acepta una denuncia por llevar una docena de facturas pero que no investiga qué fueron a hacer los jueces y fiscales reunidos en la mansión de Lewis con funcionarios del gobierno de la Ciudad y ex agentes de inteligencia o que no termina de ponerse a investigar seriamente el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El obsequio del legislador incluía medialunas, sacramentos y bolas de fraile recién salidas del horno, que el 9 de enero dejó a primera hora en mesa de entradas del juzgado federal 10.

“Traje una docena de facturas de una panadería de acá cerca del Congreso y se la dejé al juez Julián Ercolini para que sepa lo que son las facturas reales, porque las que fabricó para disimular la dádiva de la mafia de Clarín en Lago Escondido son todas truchas”, declaró ese día Tailhade ante los medios, durante su recorrida por los Tribunales de Retiro.

Molesto, Ercolini solicitó “intervención policial” para el secuestro del paquete, a pesar de que el detector de metales instalado en el ingreso al edificio había corroborado que se trataba de un producto de panadería.

El sumario fue enviado a la Cámara Federal porteña y por sorteo recayó en el juzgado de Martínez de Giorgi bajo el número de causa CFP 87/2023 y caratulada como “N.N. sobre intimidación pública”.

El juez delegó la investigación en la fiscal Ochoa que, al postular su archivo, concluyó que «ni quien solicitara el desplazamiento policial, ni el magistrado que respondió la consulta, como así tampoco el personal policial interviniente, explicaron cuál es la hipótesis jurídico-penalmente relevante que se pretende sea investigada» y agregó que el sumario tampoco permitía advertirla.

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