Masacre de Monte: Perpetua para los policías de Vidal y Ritondo

Finalmente llegó el desahogo de los jóvenes amigos de la víctimas de la Masacre de San Miguel del Monte, cuando ayer se conoció la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de La Plata. Los jueces dictaminaron prisión perpetua para quienes dispararon, y quince años para los choferes de los patrulleros con que fueron perseguidas las víctimas.  “Al fin Justicia”, gritaban los amigos y los familiares mientras todavía repercute el silencio atronador de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, su ministro de Seguridad Cristian Ritondo y la del procurador Julio Conte Grand.

La prisión perpetua fue para el excomisario Rubén García, y para el ex oficial Leonardo Ecilapé, considerados “coautores de homicidio agravado por la función” y por el “uso de armas de fuego”, dijo la jueza Carolina Crispiani, a cargo del proceso en este tribunal. Y agregó: “Quince años de cárcel”, para quienes patrullaban con ellos –Manuel Monreal y Mariano Ibáñez–, considerados “coautores” de tentativa de homicidio agravado por la función y empleo de armas de fuego”. 

Así se escuchó decir a la magistrada en la sala de audiencias del TOC 4 de La Plata, durante la lectura de la sentencia del juicio que tramita la causa Nº 6407: “Ecilapé, Leonardo Daniel y otros”, por la muerte de Aníbal Suárez –de 22 años–, quien manejaba su Fiat 147 alrededor de la laguna en compañía de Camila López, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Rocío Quagliariello. De ahí que a las cuatro muertes violentas se sume la imputación por lesiones a Rocío, la única sobreviviente de lo que se conoce como la “Masacre de Monte”, y quien luego de varias intervenciones quirúrgicas pudo sobrevivir y es la única víctima y testigo presencial del hecho.

Cómo se recordará, el 20 de mayo de 2019, la policía de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo persiguió  a lo largo de la colectora de la ruta 3 a un Fiat 147 en el que viajaban cuatro adolescentes, tres de 13 años y uno de 14, junto a un joven de 22.
El día del hecho, los cinco chicos escuchaban música cuando oficiales de la policía bonaerense comenzaron a perseguirlos sin motivos y, de acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad del municipio, a dispararles, ya que observó a un efectivo en el lugar del acompañante de la patrulla, con medio cuerpo afuera y en actitud de disparo. A raíz de ello, el auto en el que iban los jóvenes chocó contra un acoplado que estaba detenido en la ruta.

En Monte, un pueblo con menos de 25.000 habitantes, “no hubo lugar para la impunidad respecto a lo que se quería tapar”, señala Bernárdez. Y en relación al accionar policial, a partir de este hecho y del juicio que hoy concluye, hay un dato que la abogada rescata y es que en ese momento “surge un gran número de denuncias que uno como ciudadano móntense conoce: mensajes que llegaban a los papás con pedidos de coima, de armado de causas con temas de drogas” puntualiza. “En los pueblos donde la presencia del Poder Ejecutivo no es muy fuerte, el policía se cree dueño y señor del lugar, y acá creían que todo les estaba permitido”, lamenta.

A partir de este caso “se dio una depuración en la fuerza, sacaron a diecinueve policías de la seccional Monte, y eso impone avanzar para que no pasen a otra seccional y limpien los sumarios que se les abrió por este caso. Como sociedad esta es una cuestión pendiente y la vamos a sostener como sostuvimos cuatro años este proceso judicial”. 

El 17 de mayo, luego de 8 audiencias en el juicio por un jurado popular integrado por doce miembros, dispuesto en el TOC 4 de la Plata, los entonces cuatro agentes de la policía bonaerense fueron encontrados culpables. Fueron exonerados de la fuerza. Y puestos a disposición de la justicia esperaron hasta este mediodía para escuchar la sentencia. Cuando la jueza dijo “Los imputados, de pie”, ya sabían estos cuatro ex oficiales bonaerenses que el abuso de autoridad en el ejercicio de la función pública, el violento hostigamiento con que presionaron a los jóvenes sin que mediara razón para ello, y la persecución posterior incluyendo el uso de sus armas de fuego –reglamentarias–, eran motivos más que suficientes para que la sentencia siguiera el pedido de la fiscalía y las querellas.     

Con información de Página 12 y propia