Mientras el presidente Javier Milei desarrolla su agenda internacional en Nueva York y se muestra junto a dirigentes como Donald Trump y Benjamín Netanyahu, los datos sociales vuelven a golpear de lleno el relato económico del Gobierno: la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, mientras la indigencia llegó al 7,5%, según el INDEC.
El dato implica que, en los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo, alrededor de 9,7 millones de personas se encontraban bajo la línea de pobreza y unas 2,2 millones en situación de indigencia. La cifra adquiere todavía mayor gravedad cuando se observa lo que ocurre con la infancia: el 44,5% de los niños y niñas menores de 14 años vive en hogares por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo con los datos consignados en el informe.
La situación muestra además un cambio preocupante en la tendencia. El problema no es solamente el nivel de pobreza registrado, sino que, después de una etapa de descenso desde los elevados niveles de 2024, los indicadores comenzaron nuevamente a deteriorarse. El informe citado en la nota señala que la secuencia ascendente se inició durante el tercer trimestre de 2025.
La inflación vuelve a empujar hacia abajo
La aceleración de los precios durante los primeros meses del año tuvo un impacto directo sobre los hogares. La suba del costo de la canasta básica elevó el ingreso necesario para no caer debajo de la línea de pobreza.
Durante el primer semestre, una familia tipo necesitó alrededor de 1,44 millones de pesos para superar la línea de pobreza y unos 669 mil pesos para no caer en la indigencia, según los valores consignados en el material.
Pero el problema no pasa solamente por el aumento de los precios. La pérdida de poder adquisitivo de los ingresos y las dificultades para acceder a empleos de calidad completan un escenario que golpea especialmente a los sectores de menores recursos.
La combinación es conocida: cuando los ingresos no acompañan el aumento del costo de vida, cada aumento de la canasta básica empuja a nuevas familias hacia la pobreza.
Los chicos, entre los principales perjudicados
Uno de los datos más duros aparece cuando se observa la situación de niños y adolescentes.
El 44,5% de los menores de 14 años vive en hogares pobres. Esto significa que casi uno de cada dos chicos se encuentra en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas establecidas por la medición oficial.
La pobreza infantil no es solamente una estadística. Implica dificultades para acceder a una alimentación adecuada, educación, vivienda, salud y condiciones materiales indispensables para el desarrollo.
Un informe reciente de la Universidad Católica Argentina también advierte sobre las condiciones de vida de las infancias y señala que la AUH y la Tarjeta Alimentar funcionan como un piso de protección, aunque sus niveles de cobertura están lejos de los máximos registrados en años anteriores.
Jubilados: otro frente del ajuste
El deterioro tampoco se limita a los hogares con niños. Los jubilados aparecen como otro de los sectores afectados por las políticas de ajuste.
El material analizado señala una reducción de la cobertura previsional y una pérdida del poder adquisitivo de la jubilación mínima con bono. También cuestiona el impacto de la derogación de la moratoria previsional sobre las posibilidades de acceso a una jubilación para quienes no cuentan con los años de aportes requeridos.
El problema previsional se suma así a un cuadro más amplio de deterioro de los ingresos de los sectores que dependen principalmente de transferencias del Estado.
Menos recursos para la infancia y la asistencia alimentaria
El ajuste también aparece reflejado en distintos programas destinados a niños y adolescentes.
Según el informe citado en la nota, los programas de Educación Sexual Integral y prevención del embarazo adolescente sufrieron fuertes recortes presupuestarios, mientras que el programa destinado a la construcción de jardines de infantes quedó prácticamente desfinanciado.
La situación resulta especialmente significativa frente a las dificultades de acceso a vacantes en el nivel inicial.
También aparece comprometida la asistencia alimentaria. El material señala que la Tarjeta Alimentar perdió poder adquisitivo desde diciembre de 2023 y que el programa Alimentar Comunidad registra una baja ejecución presupuestaria.
Estos datos muestran que el ajuste no se limita a una discusión sobre las cuentas públicas. Tiene consecuencias concretas sobre las condiciones de vida de millones de personas.
La contradicción detrás del relato
Mientras el Gobierno busca mostrar ante inversores y dirigentes internacionales los resultados de su programa económico, los números sociales obligan a mirar la otra cara de la política económica.
El INDEC informó que el 32,3% de las personas de los aglomerados urbanos relevados se encontraba bajo la línea de pobreza durante el primer semestre de 2026 y que el 7,5% estaba en situación de indigencia.
La discusión, entonces, deja de ser solamente sobre indicadores macroeconómicos, reservas, riesgo país o mercados financieros. También hay que mirar qué ocurre en las casas, en las escuelas, en los comedores y con quienes viven de una jubilación.
Porque detrás de cada porcentaje hay personas concretas. Y cuando casi la mitad de los chicos vive en hogares pobres, cuando crece la indigencia y cuando los ingresos pierden capacidad de compra, el problema deja de ser una estadística incómoda para convertirse en una realidad social que ningún discurso desde Nueva York puede ocultar.
Milei puede mostrar fotos, alianzas internacionales y discursos ante los organismos multilaterales. Pero mientras el Presidente mira hacia afuera, los números del INDEC obligan a mirar hacia adentro: la pobreza vuelve a crecer, la infancia sigue siendo la más castigada y el costo del ajuste se paga en los hogares argentinos.