“Si no hay recursos para mi provincia, no habrá ley Bases ni Pacto de Mayo”, anticipó el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, ya totalmente desencantado con el gobierno de Javier Milei, con quien -reconoció ayer- pensó que podía llegar a tener una buena relación.
Es que el broche de oro que ahora pone seriamente en duda la concreción del llamado Pacto de Mayo, fue la decisión del Ejecutivo de cortar los fondos que enviaba a las 13 provincias por las cajas previsionales no transferidas.
Esta medida colocó en la vereda de enfrente a los gobernadores dialoguistas, quienes suponían estar avanzando en acuerdos con la administración libertaria.
El decreto 280/24 firmado por Javier Milei para desfinanciar las cajas provinciales fue entonces lo que detonó la posibilidad de que los gobernadores suscriban el Pacto Mayo, el decálogo propuesto por el presidente durante la apertura de sesiones ordinarias.
Al rechazo anunciado por el santacruceño Vidal, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y Martín Llaryora (Córdoba), aliados al gobierno en la búsqueda de dotarlo de instrumentos legales para la gestión, enfurecieron cuando la medida se publicó por boletín oficial el 27 de marzo pasado.
Además, el desencanto que transmitió Vidal era compartido por los demás gobernadores patagónicos, que vienen conversando con sus colegas del Norte Grande una declaración conjunta con diez puntos de interés para las provincias, que contrapondrán al decálogo del Pacto de Mayo.
La letra del decreto elimina a través de su artículo 18 los artículos 92, 93 y 94 de la Ley de Presupuesto 2023, prorrogado para el año en curso. En esos párrafos, la norma estipulaba que la ANSES debía transferir el día 20 de cada mes la doceava parte del déficit anual que tuvieran las provincias que no hubieran transferido sus regímenes previsionales al Estado nacional, pero Milei los borró de un plumazo.
La bronca de los mandatarios provinciales es que el gobierno libertario ya no solo pretende recortar fondos que demandan para sostener gastos en sus jurisdicciones, sino que, directamente, les quita recursos fijados por ley. De todas maneras, los representantes de Juntos buscan evitar la confrontación total y quieren que se destrabe la negociación.
Las provincias, por su parte, advierten que el guadañazo aleja la posibilidad de firmar el Pacto de Mayo. Un gobernador del Norte planteó que “hay voluntad de colaborar en la oposición, pero no hay voluntad por parte del gobierno nacional”.
La interpretación que se extiende en los bloques opositores del Congreso es que el Poder Ejecutivo “tiró un huesito” a gobernadores y legisladores para “ganar tiempo” pero que nunca le importó el acuerdo, porque desprecia al sistema político.
Esta situación de enojos cruzados y elaboración de demandas judiciales se produce en la previa de la reunión convocada para mañana por el ministro del Interior, Guillermo Francos, con los diez gobernadores de lo que supo ser Juntos por el Cambio. Se esperaba que allí terminaran de definir el proyecto de ley Bases que se enviará a la Cámara de Diputados para su aprobación, pero así como están las cosas, aparece muy lejos la posibilidad de un consenso.