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19 julio, 2024
PAÍS

La Justicia consideró insuficiente el plan del Gobierno para repartir alimentos, y lo intimó para que lo amplíe

La Justicia consideró insuficiente el plan de reparto de alimentos presentado por el Gobierno, y lo intimó a que en un plazo de 72 horas presente una ampliación de esas previsiones. Ese lapso de tiempo, de todas maneras, será más amplio por los feriados de la semana próxima.

Así lo estableció el juez federal Sebastián Casanello, quien investiga una denuncia del dirigente social Juan Grabois, que señaló que el Gobierno tenía almacenados, en dos depósitos del ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, 5.000 toneladas de alimentos y que no los repartía a los comedores comunitarios, que estaban faltos de mercaderías.

Por ese motivo el magistrado ordenó al Gobierno presentar un plan. Después de algunas incidencias procesales y airadas discusiones en los pasillos de los tribunales entre Grabois y la abogada del ministerio, Leila Gianni, la Cámara Federal respaldó a Casanello y ordenó que el Gobierno presente su plan de distribución.

La respuesta del Gobierno es que la leche en polvo que tenía almacenada y estaba próxima a vencer iba a ser distribuida mediante camiones del Ejército a través de la organización Conin. Además, acompañó una nota de la representante de la secretaría de Niñez, dirigida a Pettovello, que señalaba que en breve le iba a elevar un plan para distribuir el resto de la comida, por ejemplo yerba, aceita, y otras mercaderías.

En tano, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió en las últimas horas a la demanda judicial contra el Ministerio, luego que el juez Casanello intimara al Ejecutivo a presentar en el lapso de 72 horas un nuevo plan de distribución de dichos productos: “No tiene ninguna fundamentación es absolutamente ilógico y se está metiendo en otro poder del Estado”, señaló el funcionario en relación al accionar del magistrado en la causa, y sostuvo: “Me molesta cuando los jueces quieren hacer política en temas en los que no tienen atribuciones ni méritos para hacerlo”.

“Si la Justicia cree que hubo un incumplimiento de los deberes de funcionario público debería plantearlo de esa manera. Pero lo que no puede hacer, desde mi punto de vista, y soy totalmente respetuoso de la independencia de poderes, es decir: ‘esto tenés que hacerlo ya’”, sostuvo el ministro coordinador en diálogo con Radio Mitre.

La realidad es que ya transcurrió una semana y nada fue enviado al juzgado, por lo que el juez ahora firmó una nueva orden donde señala que “en esas condiciones, la manda judicial no puede ser satisfecha porque el contenido del informe, si bien significa un avance indicativo del Ministerio para cumplir con lo ordenado por el juzgado y la cámara, resulta insuficiente”.

Por eso lo intimó a que en el plazo de 72 horas complete el plan de distribución de comida o que en su defecto indique el nombre de un funcionario del ministerio de Capital Humano que pueda prestar declaración testimonial en el juzgado e informar cómo se van a distribuir los alimentos para cumplir con la orden judicial. Como en la justicia los plazos en general corresponden a días hábiles, el Gobierno tiene tiempo para responder hasta la semana del 24 de junio, luego de los feriados de la semana próxima.

Cuando la Cámara Federal ordenó al Gobierno repartir los alimentos, el camarista Eduardo Farah advirtió que si Pettovello no cumplía con lo ordenado “en el plazo de 24 horas de notificada de este pronunciamiento (en referencia al fallo de la Cámara que confirmó la cautelar de Casanello), su conducta configurará el delito de desobediencia a una orden judicial (artículo 239 del Código Penal), más allá de comunicar, a la ciudadanía, la traición a los postulados del sistema republicano”. Y precisó: “Quedará al juez de grado comprobar que la orden sea cumplida en tiempo y forma”.

Farah reafirmó esta instrucción a Casanello: dijo que si el Gobierno desconoce el fallo de la Cámara, él deberá “asumir la obligación de formular la correspondiente denuncia criminal”. También, que tendrá que exhibir “una mayor injerencia”, apelando al auxilio de la fuerza pública, para “acceder a la custodia de la mercadería y para su inmediata disposición a través de las entidades que mejor y más rápido sirvan para que los alimentos lleguen a los más necesitados”.

En su voto, Farah dijo que el Gobierno había elegido “cuestionar la ‘intromisión’ judicial, curiosamente a través de un recurso procesal ante otra autoridad ‘judicial”, y afirmó: “Cabe a esta altura preguntarse ante cuantas instancias ‘judiciales’ está dispuesto el Ministerio a llegar para comprender que es atribución de este poder del Estado el control de los actos de Gobierno cuando las decisiones (u omisiones) afectan derechos de las personas y existen medios disponibles para satisfacer esos derechos”.

Martín Irurzun, colega de Farah, también respaldó en su voto la medida cautelar y advirtió que quedaban alimentos por repartir “cuya caducidad se encuentra próxima”, pero le encomendó además al juez que “ajuste y reencamine la pesquisa de conformidad con el objeto penal denunciado”; es decir, el presunto incumplimiento en los deberes de los funcionarios respecto del reparto de los alimentos.

 

 

 

 

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