Finalmente, Patricia Bullrich se salió con la suya, y logró que uno de sus caballitos de batalla, con la mano dura como telón de fondo, sea debatido en el Congreso: en las últimas horas ingresó a Diputados el proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad desde los 16 a los 13 años.
Asimismo, la iniciativa establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se determina una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua.
“Régimen Penal Juvenil” es el título que lleva el proyecto que indica cuál es la pena de imputabilidad, y establece una serie de medidas de ordenamiento del Código Penal de acuerdo al delito cometido.
“Es absolutamente lo contrario de lo que establece la Convención de los Derechos del Niño y toda la doctrina internacional”, advirtieron especialistas en niñez y derechos humanos.
Sin embargo, Bullrich argumenta, para avanzar en su cruzada, que “en los últimos años se verificó un aumento de la delincuencia juvenil”. Según la ministra, “venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad, que no quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona sumó: “Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darle las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen”.
Pese a las afirmaciones del oficialismo, las estadísticas los desmienten: la abogada e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, Claudia Cesaroni, catalogó directamente de “mentira” lo expresado por los funcionarios de Milei, y destacó: “En la Ciudad de Buenos Aires, en 2022 hubo 86 víctimas de homicidios dolosos y 131 victimarios. De ese total de victimarios, solo uno fue menor de 16 años y 6 seis tenían 16 o 17”.
Destacó que “en la Provincia hubo 924.492 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP), y 645 homicidios dolosos. En el sistema penal juvenil, hubo 22.018 IPP, poco más del 2 por ciento del total, y 61 homicidios dolosos cometidos por adolescentes de 16 o 17 años, es decir, menos del 10 por ciento del total de homicidios”.
Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y Manuel Quintar (LLA-Jujuy). Sin embargo, se estima que no será sencillo ya que es un tema que divide las aguas dentro del Congreso Nacional.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina, y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.
“En este sentido, cabe destacar que la Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”, agrega.
En ese sentido, el oficialismo destaca que “por ello es que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social”.
Subraya que desde la sanción de la ley penal juvenil “el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes – muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales- y con las necesidades de la sociedad”.