El Papa Francisco se manifestó en contra de la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años que impulsa el Gobierno nacional, y advirtió que cualquier reforma al Régimen Penal Juvenil debe enfocarse en la “reinserción” y la “educación”.
Así se lo expresó Jorge Bergoglio a representantes de la Justicia Federal en una audiencia llevada a cabo en la biblioteca del Vaticano. Participaron la jueza María Eugenia Capuchetti y los camaristas Mariano Borinsky y Daniel Petrone. El tema central fue la reforma del Código Penal y la implementación del sistema acusatorio.
La figura visible que empuja el proyecto oficial son los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La nueva ley penal juvenil, de ella se trata, fue anunciada en junio pasado y está pendiente de tratamiento por parte del Congreso.
Allegados a los juristas que participaron de la audiencia afirmaron que, en líneas generales, el Pontífice dio su visto bueno a la reforma, aunque con las observaciones mencionadas.
Para Francisco, la “educación” y la “reinserción” deben ser los pilares en cualquier reforma penal, y no la edad de imputabilidad, especialmente en este caso que se la quiere bajar hasta los 13 años.
Si bien hasta el momento el jefe de la Iglesia Católica no se pronunció públicamente sobre este tema, se aguarda que lo haga en breve. Sin embargo, la Iglesia argentina ya lo hizo a principio de este mes, cuando la pastoral carcelaria, dependiente del Episcopado, emitió un comunicado con citas papales rechazando la iniciativa oficial.
“Sí. Consideramos que es necesario un nuevo régimen penal juvenil, que acompañe y promueva integralmente el desarrollo de los menores, pero sin bajar la edad mínima de imputabilidad”, indicó el texto en el que la Iglesia reclamó una mirada “a fondo” para abordar la problemática de los menores.
El régimen penal actual, promulgado en 1980, durante la última dictadura, establece el umbral de imputabilidad en los 16 años.
Según la visión de la cartera de Justicia, un adolescente “tiene discernimiento para saber qué es un delito” y que existe, además, un aprovechamiento por parte de organizaciones criminales que utilizan la inimputabilidad para utilizar a menores en sus ilícitos.
El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, defendió el proyecto en la Cámara de Diputados, oportunidad en la que afirmó que “es una demanda que tiene la sociedad y que, como Poder Ejecutivo, debemos atenderla y trabajarla”. También estimó que se trata de una normativa “superadora” a la de 1980.