La causa en la que fue confirmada la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner llegaría a la Corte Suprema de Justicia recién en el segundo semestre de 2025, por lo que la ex presidenta estaría en condiciones de presentarse como candidata a algún cargo legislativo en las elecciones del año próximo.
La demora obedece a que la Cámara de Casación Penal -que dejó firme la pena- extendió por 40 días hábiles el plazo para que los defensores y el fiscal presenten sus recursos extraordinarios contra la decisión del tribunal.
Esto implica que la Corte Suprema ya no contará para entonces con el juez Juan Carlos Maqueda entre sus cuatro integrantes, ya que el magistrado cumple 75 años el 29 de diciembre y dejará el tribunal para jubilarse, dado que no cuenta con un nuevo acuerdo del Senado. Resta saber si para el año próximo el Gobierno logrará o no cubrir las dos vacantes del máximo tribunal con sus candidatos, el juez Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla, ya sea por decreto o mediante el acuerdo del Senado.
Esta prórroga otorgada en las últimas horas genera que los acusados y el fiscal Mario Villar dispongan de más tiempo, hasta fines de febrero, luego de la feria judicial de verano, para presentar sus objeciones contra el fallo de la Cámara de Casación que firmaron los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
El plazo extendido fue solicitado por las defensas de varios implicados, como Nelson Periotti, Raúl Pavesi, Lázaro Báez, Juan Carlos Villafañe, José Santibañez y Raúl Daurich
El tribunal aceptó el pedido “considerando las particularidades del caso, y con el objeto de garantizar de la mejor manera el derecho de defensa en juicio”.
Una vez vencido este plazo, los magistrados deben correr vista de lo que plantearon los defensores al fiscal, y de lo que dijo el fiscal a los defensores.
Las dos partes están en desacuerdo con el documento: los defensores buscan la absolución de sus clientes o una disminución de sus penas, mientras que la fiscalía tiene el objetivo de aumentarlas, además de sumar el delito de asociación ilícita contra Cristina Kirchner.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el 13 de noviembre pasado la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner, por haber direccionado licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.