Las plazas y calles de todo el país se llenaron de docentes, rectores y estudiantes universitarios en defensa del financiamiento educativo. En ese marco, le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que “acompañe” el reclamo y “no permita” que el Gobierno nacional continúe incumpliendo la normativa vigente.
Estuvieron presentes las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): su presidente, Franco Bartolacci, y el vicepresidente, Anselmo Torres, junto a representantes de las distintas federaciones gremiales.
También participaron los integrantes del Frente Gremial Docente y Nodocente, conformado por las principales federaciones nacionales: CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).
La Federación Universitaria Argentina (FUA) fue la encargada de leer el documento, en el que se afirmó que el poder adquisitivo de las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento de las universidades “no ha superado, en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, el 64% del que tenía en enero de 2023”.
“El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo el presupuesto universitario: es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”, remarcaron.
En la misma línea, señalaron que desde diciembre de 2023 “se ha perdido el equivalente a casi nueve meses de transferencias”. Asimismo, advirtieron que la crisis no es solo presupuestaria, sino también institucional, al denunciar la “ruptura del acuerdo democrático” basado en la división de poderes.
Debajo del escenario estuvieron el gobernador bonaerense Axel Kicillof, junto a senadores, diputados y legisladores porteños del peronismo y de fuerzas de izquierda como el FIT y el Nuevo MAS. Kicillof sostuvo: “El Presidente ataca a la universidad libre y gratuita porque es la mejor herramienta de movilidad social ascendente que tenemos para construir una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades”. Y agregó: “Acompañamos esta marcha federal para defender a los pibes y pibas que quieren estudiar y soñar con un futuro mejor”.
También participaron representantes de la comunidad científica, especialmente de los sectores vinculados a la investigación, que atraviesan una “situación límite” producto del desfinanciamiento y la caída salarial.
La movilización, replicada en todo el país, contó además con el respaldo de la CGT y las dos CTA, que marcharon para exigir la recomposición salarial de docentes y nodocentes, y la garantía del presupuesto para el funcionamiento de universidades y hospitales universitarios.
Documento completo leído en Plaza de Mayo
Las universidades públicas y sus comunidades, junto con el sistema público de investigación, desarrollo e innovación, somos el fruto de una larga lucha de nuestro país, de nuestro pueblo, por contar con un sistema estatal de educación y producción de conocimiento que garantice el núcleo del porvenir: educación superior de máxima calidad para todos, profesionales altamente calificados, conocimientos para el desarrollo social y económico, y una juventud protagonista de su tiempo.
La universidad pública se constituyó como una caja de resonancia de las grandes demandas del país, de sus dolores y de sus esperanzas. Hoy, como siempre, la comunidad universitaria asume la tarea de luchar por su universidad y, en esa lucha, hacer visibles todas las demás: la discapacidad, las jubilaciones, la salud, las diversidades, el alimento, los recursos naturales y la industria nacional.
El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico, y la principal causa es que el Gobierno nacional incumple una regla democrática y constitucional básica: respetar la Ley de Financiamiento Universitario, que establece un piso de recursos para asegurar el normal funcionamiento del sistema.
La situación presupuestaria, como venimos advirtiendo, es crítica. El recorte afecta todas las dimensiones de la vida universitaria y golpea gravemente sus funciones sustantivas. Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles.
La política salarial impuesta por el Gobierno cerró paritarias y provocó un deterioro alarmante del poder adquisitivo, el empeoramiento de las condiciones laborales, renuncias de personal calificado, reducción de dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales. Hoy, quienes trabajan en la universidad no llegan a fin de mes.
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación fue del 293,30%, mientras que los salarios aumentaron solo un 147,30%. Esto implica una pérdida del poder adquisitivo del 37,13%, equivalente a casi 11 salarios en el período. Los salarios universitarios están en su nivel más bajo en más de dos décadas.
El sistema de becas también fue profundamente afectado. Programas como Progresar permanecen congelados, perdiendo su función de acompañamiento. Las becas Manuel Belgrano y las vinculadas a vocaciones científicas (EVC) atraviesan recortes o directamente han sido suspendidas, expulsando estudiantes del sistema y profundizando la desigualdad.
El poder adquisitivo de los gastos de funcionamiento no ha superado el 64% del nivel de enero de 2023. En términos reales, se han perdido recursos equivalentes a casi nueve meses de transferencias.
Pero la crisis no es solo presupuestaria. Como ciudadanía, debemos denunciar la ruptura del acuerdo democrático. El Poder Ejecutivo ignora leyes y fallos judiciales, quebrando el Estado de derecho.
La universidad pública argentina, gratuita y federal, es un logro histórico y una responsabilidad colectiva. Atacar la educación pública implica dañar la igualdad y el desarrollo del país.
La universidad y el sistema científico son pilares de la economía nacional: permiten agregar valor, generar empleo y construir soberanía tecnológica y cultural. Todo proyecto de país necesita una universidad fuerte.
La universidad pública somos todos. Es una herramienta de justicia social, movilidad ascendente y construcción de futuro. Es la educación que iguala y la ciencia que impulsa el desarrollo.
Le pedimos a la Corte Suprema que escuche el reclamo de las plazas y no permita el incumplimiento de la ley. Defender la universidad es defender el derecho a la educación y el futuro del país.
No permitamos que docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos la universidad, el futuro será solo una promesa vacía.
Es ahora: la universidad pública se defiende. Por más y mejor educación y ciencia.