Mientras la tasa de desempleo trepó hasta rozar el 8% en el primer trimestre, con más de tres millones de personas buscando trabajo y una informalidad que ya afecta al 44,2% de los trabajadores —casi diez millones de argentinos—, el Gobierno sigue avanzando con aumentos en los servicios públicos que golpean de lleno el bolsillo de las familias.
Según los últimos datos oficiales, el deterioro del mercado laboral se combina con una fuerte pérdida del poder adquisitivo. A la falta de empleo se suma una realidad cada vez más difícil para quienes sí tienen trabajo: los salarios corren muy por detrás del costo de vida y de los servicios esenciales.
En junio, la canasta de servicios públicos para un hogar promedio del AMBA sin subsidios alcanzó los $282.758 mensuales para cubrir gastos de energía, transporte y agua potable. Se trata de un incremento del 10,1% respecto de mayo y de un 54% en comparación con junio de 2025.
Los datos surgen de un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, que analiza el peso de las tarifas en la economía doméstica.
Lo más impactante del relevamiento es que, desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, la canasta de servicios públicos acumuló un aumento del 919%, mientras que la inflación general avanzó un 236%. Es decir, las tarifas crecieron casi cuatro veces más que los precios.
El incremento de junio se explica por una combinación de subas tarifarias y el aumento del consumo estacional por la llegada del invierno.
Gas: el cargo fijo aumentó 4,4% y el variable 2,2%. Sumado al mayor consumo, la factura se disparó un 23,4%.
Electricidad: el cargo fijo subió 4,7% y el variable 1,6%. El resultado fue una factura 14,8% más cara que en mayo.
Transporte: las líneas de colectivos porteñas aumentaron 4,6%, mientras que las interjurisdiccionales subieron 7,1%. El gasto familiar en transporte creció 5,7%.
Agua: registró una suba más moderada del 0,2%, producto de ajustes tarifarios y cambios en la estructura de facturación.
En la comparación interanual, el transporte lidera los aumentos con un salto del 75%, seguido por el agua (48%), la electricidad (43%) y el gas (37%).
El propio informe señala que los usuarios pagan, en promedio, el 58% del costo real de los servicios, mientras que el Estado cubre el 42% restante. Incluso con esa asistencia parcial, el peso de las tarifas sobre los ingresos familiares alcanza niveles cada vez más difíciles de sostener.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede hablarse de recuperación económica cuando crece el desempleo, aumenta la precarización laboral y los servicios básicos consumen una porción cada vez mayor del salario?
Mientras millones de argentinos hacen cuentas para llegar a fin de mes, el Gobierno sigue pidiendo sacrificios a los de abajo y explicaciones a nadie de los de arriba. La motosierra parece funcionar con precisión quirúrgica sobre trabajadores, jubilados y sectores medios, pero pierde el filo cuando se trata de los privilegios del poder. Porque en la Argentina libertaria, ajustar al pueblo es una virtud; rendir cuentas, una opción.