Mientras el establishment económico y los grandes medios hegemónicos mantuvieron un llamativo silencio, la Justicia Federal de San Martín dictó un fallo histórico: responsabilizó al Estado argentino por la planificación, ejecución y encubrimiento de los fusilamientos de José León Suárez de 1956 y ordenó una serie de medidas de reparación y memoria para las víctimas y sus familiares.
La sentencia fue dictada por la jueza federal Alicia Vence en el marco de un Juicio por la Verdad y constituye un reconocimiento judicial de enorme relevancia para uno de los episodios más oscuros de la historia argentina, inmortalizado por Rodolfo Walsh en su obra Operación Masacre.
Durante tres jornadas realizadas en el Auditorio Hugo del Carril, familiares de las víctimas, investigadores, periodistas y referentes de organismos de derechos humanos reconstruyeron los hechos ocurridos hace siete décadas. También participó el Equipo de Acompañamiento “Dra. Silvia Bleichmar” de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, brindando asistencia a familiares que declararon por primera vez ante una instancia judicial.
La noche del 9 de junio de 1956 fueron fusilados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. En tanto, Juan Carlos Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavídez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta lograron sobrevivir a la masacre.
La Justicia concluyó que aquellos fusilamientos constituyeron crímenes de lesa humanidad y estableció la responsabilidad del Estado por su planificación, ejecución y posterior encubrimiento. La magistrada reconoció que los hechos ocurrieron durante la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas.
Según quedó acreditado en el juicio, efectivos policiales realizaron un allanamiento ilegal en una vivienda de la localidad bonaerense de Florida, detuvieron a doce personas y las trasladaron primero a la comisaría de San Martín y luego a un descampado en los basurales de José León Suárez, donde se concretaron los fusilamientos.
Uno de los testimonios más conmovedores fue el de Juan Carlos Livraga, sobreviviente de la masacre, hoy de 96 años y residente en Estados Unidos. Su declaración resultó clave para reconstruir judicialmente los acontecimientos.
Vence calificó los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Aunque todos los responsables directos e indirectos ya fallecieron, la jueza dejó expresamente establecida su responsabilidad penal y sostuvo que, de haber sido juzgados en vida, les habría correspondido la pena de prisión perpetua.
“Existen hechos cuyo juzgamiento conserva relevancia jurídica e institucional, aun cuando ya no resulte posible una respuesta penal”, sostuvo la magistrada al fundamentar el fallo.
El contexto histórico también ocupó un lugar central en el proceso. Los fusilamientos se produjeron tras el levantamiento encabezado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco contra la dictadura que había derrocado a Juan Domingo Perón en septiembre de 1955. La represión posterior incluyó ejecuciones sumarias en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y, según los investigadores, dejó un saldo de 31 militantes asesinados.
La querella estuvo a cargo de los abogados Alberto “Pepe” Palacios y Walter Omar Arias, integrantes de la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de San Martín.
Además de declarar la responsabilidad estatal y reconocer el carácter de lesa humanidad de los crímenes, la jueza dispuso importantes medidas reparatorias. Entre ellas, la rehabilitación del buen nombre y honor de las víctimas y sobrevivientes, la publicación de la sentencia en organismos oficiales, la incorporación de estos hechos a los contenidos educativos nacionales y bonaerenses, la colocación de placas conmemorativas en los sitios vinculados a la masacre, la creación de un sitio de memoria en los históricos basurales de José León Suárez y la inclusión de todas las víctimas en el registro de violencia institucional del Estado argentino.
Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el próximo 16 de julio, pero el mensaje ya es contundente: aun cuando hayan pasado setenta años, los crímenes del poder siguen reclamando verdad y justicia.
Durante décadas, los sectores que concentraron el poder económico, político y mediático intentaron relativizar o directamente borrar de la memoria colectiva los crímenes cometidos tras el golpe de 1955. Pero la historia tiene una particularidad: tarde o temprano vuelve para ajustar cuentas con quienes creyeron que podían escribirla a su conveniencia. Setenta años después, la Justicia confirmó que aquellos fusilamientos fueron terrorismo de Estado. Los responsables ya no están, pero queda expuesta la matriz de impunidad que los protegió. Porque los poderosos pueden comprar silencios, influencias y tapas de diarios, pero hay algo que nunca logran dominar por completo: la verdad cuando finalmente encuentra quien se anime a decirla.
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