La reforma laboral, un nuevo Código Penal y el desplazamiento de más jueces que molestan al poder, son algunos de los cambios que se vendrán una vez que las elecciones del próximo domingo ya sean pasado, y que en definitiva profundizarán la línea política que lleva como bandera Cambiemos.
Durante el reciente coloquio de IDEA que sesionó en Mar del Plata, los responsables de las principales empresas del país plantearon, sin necesidad de ocultar sus intenciones, cuáles deberían ser los puntos a tener en cuenta a la hora de redactar una reforma laboral.
Está claro que ese fue el escenario perfecto para empezar a pensar los cambios que se vendrán en esta materia donde, en líneas generales, significará mayor precarización, a través del retorno de la tristemente célebre flexibilización laboral, sumado a la paulatina eliminación de discusiones paritarias y leyes cada vez más restrictivas en lo que respecta a la justicia laboral, con el claro objetivo de ir dejando de lado a lo que el gobierno define como “industria del juicio”.
Por otra parte, desde hace casi un año, una comisión especial conformada por funcionarios del gobierno, reconocidos juristas y jueces federales se reúne en el Ministerio de Justicia para elaborar lo que el presidente Mauricio Macri sueña con dejar como máximo legado jurídico de su mandato: el nuevo Código Penal de la Argentina.
Esta comisión ya lleva elaborado más de un 70 % del anteproyecto de ley del nuevo Código Penal, que contiene artículos tan innovadores como polémicos y de profunda trascendencia para el futuro en lo que a la jurisprudencia del país se refiere.
En esa dirección, y bajo la supervisión de los ministros de Justicia y de Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, se apunta a la elaboración de cambios profundos en temas que van desde nuevas normas para delitos al medio ambiente, hasta regulación de cuestiones genéticas, violencia en el deporte, nuevas figuras en delitos de lesa humanidad, cibernética, delitos de tránsito y ciencia, entre otros.
Por otra parte, Macri sigue celebrando la destitución de Eduardo Freiler -a quien calificó como un juez “probadamente corrupto”- y así dio un fuerte respaldo al Consejo de la Magistratura para avanzar en sus nuevos objetivos: Daniel Rafecas y Ana María Figueroa.
Para el presidente, se trata de “un paso enorme”, y en la misma línea destacó que “hayan renunciado otros jueces”, lo que demuestra que el Consejo de la Magistratura “dejó de especular políticamente y empezó a actuar en base a valores”.
En esa misma línea, que se inscribe en aquel planteo de Macri en cuanto a la necesidad de contar únicamente con una justicia afín a su gobierno, y mientras todo apunta a que más temprano que tarde el gobierno se sacará de encima a la Procuradora Alejandra Gils Carbó, fuentes judiciales ya se animan a asegurar que Rafecas y Figueroa tienen sus días contados.