El proyecto de ley que declara la Emergencia Social por un año obtuvo media sanción en el Senado por una amplia mayoría. A pesar de eso, desde el Gobierno ya deslizaron la posibilidad de que Macri vete el proyecto, como ya lo hizo con la ley antidespidos.
En total, fueron 45 votos a favor y solo 13 en contra del proyecto presentado por el senador del FpV Juan Manuel Abal Medina. El mismo establece un incremento del 15% para jubilaciones, planes sociales y Asignación Universal por Hijo y por embarazo para paliar el incremento de la inflación, como así también la creación de un millón de puestos de trabajo a través del Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo.
Sin embargo, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, no descartó que el presidente Mauricio Macri vete la ley de emergencia social en caso de que resulte sancionada por el Congreso antes de fin de año y sostuvo que el Gobierno seguirá de cerca el tratamiento parlamentario de la iniciativa.
“Veremos cómo sigue la evolución de este tratamiento y las áreas específicas en el tema serán las que asesorarán, propondrán y luego se verá en conjunto en el Gabinete social cuáles son los caminos a tomar por parte del Gobierno”, señaló Ibarra en conferencia de prensa al ser consultado acerca de un eventual veto de Macri, tal como lo hizo en mayo pasado con la emergencia laboral, que prohibía los despidos por 180 días y establecía la doble indemnización.
Increíblemente, el funcionario nacional recalcó que “el Gobierno ha tomado un montón de medidas en esta materia”, para beneficiar a los sectores sociales con mayores necesidades y mostró desacuerdo
con la iniciativa aprobada este miércoles por el Senado, que estipula el aumento en 15 por ciento de la Asignación Universal por Hijo y por embarazo durante un año; la creación de un millón de puestos de trabajo para las cooperativas y un salario “complementario” para los trabajadores de la economía informal.
El proyecto fue rechazado en la Cámara Alta por el interbloque oficialista de Cambiemos bajo el argumento de que no contempla el financiamiento de las medidas que se proponen.
El viernes 18, los movimientos sociales y la CGT realizaran una masiva movilización al Congreso para presionar que se apruebe antes del 30 de noviembre cuando finalice las sesiones ordinarias.