Este sábado entró en vigencia la Ley 27.801 que baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, reemplazando el régimen penal juvenil que regía desde 1980. La reforma abre una nueva etapa para la Justicia de menores y promete un sistema orientado a la reinserción, pero comienza a aplicarse entre advertencias de jueces y especialistas por la falta de recursos, infraestructura y personal.
Para la implementación del nuevo régimen, el Congreso estableció que se destinen $23.739 millones. Desde ayer, entonces, los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser imputados, juzgados y condenados penalmente. Mientras se destinan fortunas a castigar a los adolescentes, UNICEF señaló que, en Argentina, un millón de niños se saltean una comida diaria, mientras que el Observatorio Social de la UCA informó que más del 60% de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país viven en la pobreza.
La nueva norma crea un régimen específico para adolescentes de entre 14 y 18 años, prohíbe la prisión perpetua y establece un máximo de 15 años de privación de la libertad para los delitos más graves. También determina que los menores no pueden compartir establecimientos con adultos y que la cárcel debe utilizarse como último recurso.
Esto significa que tener 14 años y cometer un delito, no implica automáticamente ir preso. Para delitos cuya pena sea de hasta tres años, no podrá aplicarse prisión efectiva. La ley contempla medidas alternativas como servicios comunitarios, reparación del daño, prohibición de acercamiento a la víctima, restricciones para concurrir a determinados lugares, reglas de conducta y monitoreo electrónico. Para determinados delitos con penas de hasta diez años también existe la posibilidad de sustituir la prisión, siempre que se cumplan las condiciones previstas por la norma.
La reforma incorpora la figura del supervisor especializado, profesionales de áreas como psicología, trabajo social, educación o adicciones que deberán acompañar y controlar el cumplimiento de las medidas impuestas a los adolescentes.
La ley promete un sistema orientado no sólo a responsabilizar al joven por el delito cometido, sino también a su educación, resocialización e integración social. En algunos juzgados calculan que la incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años podría duplicar el número de causas.
También existen interrogantes sobre la cantidad de dispositivos de monitoreo electrónico disponibles, la designación de los supervisores especializados y la adecuación de las distintas jurisdicciones provinciales al nuevo régimen. La reforma nacional deberá convivir, además, con los diferentes sistemas procesales del país.
Organismos especializados y entidades que cuestionaron la baja de edad, advierten que endurecer la respuesta penal no necesariamente reduce el delito juvenil. Y reclaman políticas de prevención e inclusión. Durante el debate legislativo también se señaló que los adolescentes representan una proporción muy pequeña del total de personas involucradas en procesos penales, y que la mayoría de los delitos atribuidos a menores, son contra la propiedad.
Más allá del discurso punitivista, en la práctica las cifras reflejan que la criminalidad adolescente es mínima: los datos de 2024 establecen que, por ejemplo, en el territorio bonaerense, apenas el 0,3% de los chicos de 16 y 17 años estuvo involucrado en una investigación. Pero hay quienes especulan que los institutos, que no tuvieron adaptaciones, inversiones ni nuevos espacios alternativos, colapsarán a partir de este fin de semana.
Y ese discurso llegó a una sociedad que terminó convencida de que los menores eran los monstruos, y por lo tanto, culpables en el problema de la inseguridad.
A partir de ahora, entonces, la discusión deja de ser solamente legislativa. Un chico de 14 años podrá entrar al sistema penal y recibir una condena. El interrogante que se plantea es qué Estado encontrará del otro lado: uno preparado para reinsertarlo o uno que simplemente aprendió a castigarlo dos años antes.