El senador bonaerense y ex intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, del Frente para la Victoria, impuso un proyecto de ley para establecer que en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires” se deberá incorporar “el término ‘dictadura cívico-militar’ y el número 30.000 junto a la expresión ‘desaparecidos’, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.
El proyecto fue aprobado por en ambas cámaras y finalmente la normativa se publicó en el Boletín Oficial, de allí que a partir de ahora es una disposición obligatoria.
Como se recordará, desde Cambiemos no están de acuerdo con la cifra de 30 mil desaparecidos. El presidente Macri afirmó hace unos meses en un reportaje que “es un debate en el que no voy a entrar. No tengo idea si fueron 9 o 30 mil. Si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Es una discusión que no tiene sentido”.
Por su parte, el ex secretario de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, afirmó que “en la Argentina no hubo 30 mil desaparecidos”.
A partir de ahora, la gobernadora Vidal y todos sus ministros y funcionarios deberán ajustarse a la normativa que el peronismo impuso en la Legislatura. No sólo se deberá hablar de 30 mil desaparecidos sino de nombrar a la dictadura como cívico-militar, algo que altera a los empresarios que se enriquecieron durante esos años.
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