Defensores del Pueblo de distintas provincias se reunieron con referentes del Ministerio de Desarrollo Social para solicitar la derogación del decreto de de 1997 que fijaba las condiciones para acceder al otorgamiento de pensiones por vejez y por invalidez y reclamaron un nuevo marco normativo.
Los ombudsman de todo el país se congregaron en la sede de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) y realizaron el pedido ante el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, y la jefa de Gabinete de la cartera nacional, Alejandra Cedrola.
Durante la reunión, el representante santafesino, Raúl Lamberto, solicitó que se restituyan todas las pensiones dadas de baja y que se derogue el decreto 432/97, para crear un protocolo y se evalúe cada caso en particular, para así ir adecuando el sistema a los convenios internacionales que ha suscripto la Argentina con rango constitucional.
En ese sentido, reclamó que prime el principio de interpretación favorable del postulante a la pensión y se establezcan “requisitos más inclusivos y sujetos a la evaluación interdisciplinaria de cada caso en particular, a los fines de evaluar la procedencia o la baja del beneficio”.
Por su parte, los integrantes del Gobierno manifestaron que a partir del lunes comenzarán a acreditar las pensiones dadas de baja y el pago será en forma retroactiva y precisaron que en el lapso de una semana se restituirán todas aquellas quitadas de manera indebida.