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16 julio, 2026
PROVINCIA

Policía Judicial: Vidal quiere dar de baja a los funcionarios designados por Falbo

La Policía Judicial, que debía ponerse en marcha hace más de cuatro años, sigue en veremos. El procurador general de la Suprema Corte, Julio Conte Grand, frenó las designaciones de los funcionarios que habían concursado el año pasado y estaban listos para asumir. Ahora el tema es analizado por el máximo tribunal de justicia.

Conte Grand presentó un pedido de revocatoria a la Suprema Corte asegurando que hubo “irregularidades” en el proceso de designación que se llevó adelante el año pasado, bajo la gestión de su antecesora María del Carmen Falbo, y quiere que vuelvan a concursarse los cargos.

En el texto presentado, Conte Grand señala “la falta de conformación del Observatorio Parlamentario del Cuerpo de Investigadores Judiciales; la inexistencia de legajos de los concursantes, la falta de dictado del acto de selección de autoridades y la incompetencia de la Procuradora General para dictar los nombramientos” ya que, según el funcionario, Falbo debería haber elevado los expedientes de los concursados para que los nombre la Suprema Corte, que es quien tiene esa facultad.

Los concursantes -que superaron todas las instancias de evaluación- debían ocupar los cargos de Director, Subdirector, Secretario Técnico Científico y titular de las descentralizadas de Junín y Mar del Plata. Las designaciones fueron frenadas en noviembre de 2016, en medio del proceso de recambio de conducción de la Procuración General de la Corte, organismo del que depende la Policía Judicial.

“Hay una cuestión política de fondo. No quieren que asumamos nosotros”, dicen los concursantes, que fueron a la Justicia y obtuvieron el aval del Juzgado 1 del Fuero Contencioso Administrativo de La Plata, a cargo de Luis Arias, quien consideró que hay “mora administrativa” por parte de la Procuración en cumplir con el trámite de designación y le dio 20 días a Conte Grand para cumplir con el trámite.

Conte Grand respondió ese fallo con un informe a la Corte marcando las irregularidades. Ahora, quien deberá resolver la cuestión de fondo es el máximo tribunal de Justicia.

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