A medida que pasan las horas, se torna cada vez más complejo el panorama para el gobierno nacional por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. La Justicia acaba de abrir una causa penal para investigar la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri y de las autoridades de Gendarmería Nacional en ese hecho.
Además, se agrega la “violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.
Así lo dispuso el fiscal Federico Delgado, quien esta tarde le pidió al jefe de Gabinete, Marcos Peña, que informe de manera “urgente” qué tareas desplegó la Gendarmería en la ruta 40 aquel 1 de agosto cuando desapareció el joven.
En un dictamen ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral para que se abra el caso a investigación, Delgado reclamó además que se pidan copias de todo lo actuado en Esquel, y recomendó que el juez federal de esa ciudad, Guido Otranto, sea apartado de la causa central porque fue quien había ordenado el procedimiento en el que ocurrieron los hechos, y “articuló la intervención de Gendarmería”.
“Se sugiere a VS que requiera una copia urgente mediante una nota al Juzgado Federal Nº 1 de la localidad de Esquel, provincia de Chubut. A su vez, el Señor juez también deberá requerirle al Jefe de Gabinete de Ministros, debido a sus facultades constitucionales, que informe en un plazo perentorio, todas y cada una de las actividades que desplegó el Estado Nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado”, señala el dictamen.
De esta manera, Delgado impulsa la causa a raíz de la denuncia que presentó la semana pasada la Liga Argentina de Derechos del Hombre, en donde se acusaba a Macri, los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Germán Garavano, respectivamente, junto a los responsables de Gendarmería Nacional.
La presentación renueva la acusación por la desaparición forzada de Maldonado, y agrega “la tesis de un encubrimiento por parte de las autoridades públicas, también la violación de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad”.
El fiscal advirtió que para avanzar con la causa “es determinante conocer las actividades que llevó adelante el Estado”, y que “para ello es necesario reclamar copias del expediente de Esquel, y que el Gobierno informe de manera urgente precisiones sobre su accionar en el caso”.