Mientras la cada vez más cuestionada ministra de Seguridad Patricia Bullrich se ve obligada a adoptar el perfil bajo, a esta altura ya resultan abrumadoras las pruebas y elementos que se acumulan para que la justicia se centre casi exclusivamente en la responsabilidad de Gendarmería por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Y sin lugar a dudas, lo más bochornoso que surgió en las últimas horas, fue la denuncia presentada por la abogada de la familia del joven, Verónica Heredia, en cuanto a que se descubrió que los libros de esa fuerza de seguridad “fueron adulterados”.
“Hay hojas de más que están pegadas con cinta scotch, se cambiaron los nombres, las fechas, los móviles, las armas”, aseguró la letrada.
Sostuvo que “lo más grave, es que a pesar de que están todos adulterados”, no se han tomado medidas al respecto. Se trata de documentación de los escuadrones 35, 36 y 37, es decir los que participaron de la represión a la comunidad mapuche de Cushamen del 1 de agosto, donde fue visto por última vez Maldonado.
Heredia enfatizó que “sin lugar a dudas, la falta de información clara atenta contra la investigación misma y contra los familiares que deben escuchar barbaridades”, por lo que “llama la atención que en una desaparición forzada no se hayan tomado las medidas necesarias para encontrar a Santiago”.
Por otra parte, el caso Maldonado también refleja una interna latente en el gabinete, entre el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien acepta abrir la investigación a la ONU, y Patricia Bullrich, que se niega y a pesar de la acumulación de pruebas en su contra, sigue con una defensa a ultranza a la Gendarmería.
Concretamente, la ministra de Seguridad y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se oponen a que intervenga Naciones Unidas porque eso le daría acceso al CELS y, en consecuencia, temen un “uso político” de la causa a través de Horacio Verbitsky, el titular de ese organismo.