Junto con el presupuesto 2018 y la ley impositiva ingresó ayer el famoso “pacto fiscal” que la gobernadora María Eugenia Vidal quiere que los municipios firmen con la provincia para comprometerse a achicar el gasto municipal y la planta de empleados. Aunque no es obligatorio, ya que las comunas son autónomas, sólo los que adhieran tendrán la posibilidad de ser asistidos financieramente por la administración central y obtener permiso para endeudarse.
El proyecto, que busca reformar la ley 13.295 de Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal, trae implícito un sistema de premios para aquellos que cumplan cuatro metas específicas.
1- Que el gasto corriente no crezca más que la inflación; que sea constante en términos reales.
2- Que la planta de personal no crezca más que la población, que aumenta en la Argentina un promedio de 1 por ciento por año. “El empleado público también tiene que estar en sintonía con esto, sino después no podemos pagar los sueldos, como les pasa a algunos municipios que contratan más gente de la que pueden pagar y después le dicen a la Provincia que no pueden pagar los sueldos”, expresan.
3- Que la deuda tenga un límite razonable (del 8%) relacionado con sus recursos corrientes. Es importante destacar en este punto que hoy “todos cumplen con esa regla”, según la evaluación del Ministerio.
4- La regla del final del mandato: no incrementar el gasto corriente de cada año en carácter permanente en el último semestre. “Pasó en la ultima transición de autoridades, en el 2015, que asumió el nuevo intendente y el anterior le había dejado un paquete de decisiones de último momento, como contratos de la basura, o 200 empleados públicos que se habían nombrado a último momento”, destacaron.
Según el Ministerio de Economía, la situación que hoy atraviesan las comunas es muy distinta a la de diciembre de 2015 cuando la mayoría no disponía de fondos para pagar aguinaldos y hoy eligen “qué obra hacer”. También remarcan que existe “un gasto en personal creciente en 125 municipios” y que en los últimos 10 años los trabajadores municipales aumentaron más que la población de cada distrito.
El punto “extorsivo” del pacto es que sólo aquellos municipios que adhieran a la ley recibirán asistencia financiera en situaciones excepcionales como una inundación o una sequía y tampoco los autorizará a contraer deuda. El resto deberá arreglárselas solo.
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