Ante la posibilidad cierta de que en los próximos días el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, recupere la libertad, el Gobierno volverá a mostrar que poco le importa la división de poderes, por lo que en una burda maniobra a través de la cual interferirá en la Justicia, la Oficina Anticorrupción pedirá el apartamiento del juez federal Luis Rodríguez y que se anule la separación del fiscal Carlos Stornelli de la causa por el desvío de fondos de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, por la que el ex funcionario está preso.
Para que no queden dudas sobre cómo opera la administración macrista sobre el Poder Judicial, hoy el principal título en la tapa del diario Clarín es: “El Gobierno pide apartar al juez de una causa contra Julio De Vido: temen que lo libere”. Así, de manera desembozada, queda en evidencia la intromisión del Ejecutivo sobre el accionar de la Justicia.
En el Gobierno consideraron que la decisión de haber apartado al fiscal Stornelli favoreció a De Vido, y no descartaron que forme parte de un plan para liberar al ex ministro. Días atrás, Elisa Carrió y el bloque de diputados de la Coalición Cívica que encabeza, salió a denunciar el inicio de un “operativo judicial para liberar” al ex funcionario.
En tanto, en un documento de once páginas, el organismo dirigido por Laura Alonso definió como “infundada, arbitraria, inconsistente, contradictoria y con carencia de fundamentación” la resolución de Rodríguez en la que aceptó la recusación formulada por la defensa de Roberto Baratta -mano derecha de De Vido-, y apartó a Stornelli de la causa por “sensación fundada de pérdida de objetividad”.
Mientras cerca del ex ministro de Planificación estiman que De Vido tiene chances de recuperar la libertad, en la Casa Rosada se preocuparon por tomar distancia de que eso se concrete, ante la sospecha que expresó Carrió y compartida en privado por algunos funcionarios.
Además, el ex funcionario alimenta su esperanza en esa dirección, a partir del fallo del 8 de marzo último, en el que la Cámara Federal porteña benefició con falta de mérito y ordenó su inmediata libertad en la causa por la compra de buques con gas licuado, aunque sigue detenido con prisión preventiva por otra investigación de corrupción, la del Yacimiento Carbonífero Río Turbio. A quien sí liberaron ese día fue al ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta.