María Eugenia Vidal intenta convencer (y convencerse) de que, cuando se vote en 2019, la gente lo va a hacer pensando en lo que hizo su gobierno a lo largo de cuatro años de gestión, y no por los malabarismos a los que se ve obligada a practicar en estos tiempos de ajuste, por lo que no tiene otra alternativa que recurrir a un “plan B”, para que la crisis no se la lleve puesta.
Es que la gobernadora bonaerense por estas horas está viviendo en carne propia los padecimientos de lo que, más temprano que tarde, repercutirá en su gestión: los inevitables y duros recortes que se vienen de la mano con las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Y más allá del burdo blindaje del que goza por parte de los grandes medios -que nada informan sobre el escándalo de los aportantes truchos de Cambiemos en la provincia-, Vidal se concentra en lo que significará el ajuste que deberá poner en marcha, y que va a tener su principal escollo en las obras públicas.
Hasta ahora, la gobernadora venía manejando un estimado de reducción del gasto del orden de los $ 23 mil millones, pero días atrás el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, le pidió que el esfuerzo alcance los $ 43 mil millones.
Ella sienta que el Gobierno nacional le está reclamando el mayor esfuerzo en el peor momento: el año próximo, la Provincia deberá hacer frente a vencimientos fuertes de capital e intereses de la deuda externa que tomo su gestión, y que podrían rondar los $ 80 mil millones.
En otras palabras, la cara más dura del ajuste se verá, en gran parte, en el territorio bonaerense, que concentra el 40 % de la población total del país, y que tiene en el Conurbano la situación social más delicada. “No hay provincia ni municipios sin Nación viable, pero al revés también”, remarca Vidal, quien dice estar dispuesta a colaborar en el ajuste, pero sabe que en la definición del límite tolerable se juega nada más nada menos que la gobernabilidad.
“Nunca voy a estar peor que en diciembre de 2015, cuando no había plata para pagar los sueldos”, afirmó a sus íntimos la gobernadora, ya resignada a ajustar sus previsiones como modo de “ayudar” a que el gobierno de Macri pueda cumplir con la meta del 1,3 de déficit acordada con el FMI.
Algunas de las obras más importantes que sufrirán demoras y, en no pocos casos, cancelaciones, están localizadas en los ríos Reconquista, Luján y Salado, además de la remodelación y puesta a punto de 80 hospitales, y una extensa lista de rutas provinciales.
Demás está decir que Vidal es consciente de que los recortes y la inevitable suspensión de obras públicas no serán bien recibidos por los bonaerenses, a los que ya percibe “distantes de la política, sea quien sea el que les hable”.
Por eso mismo, y mientras de manera desesperada busca poner en marcha un “plan B” que le permita algo de oxígeno, la gobernadora no deja de lamentar: “Ya se recortó mucho a nivel nacional, lo que queda es doloroso”.