El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU) mostró su preocupación por la “reducción de los niveles de protección efectiva de derechos”, en especial para las personas más vulnerables, que viene llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri.
A través de un duro documento, un comité de especialistas apuntó sus críticas por las “medidas de austeridad” implementadas que se traduce en el recorte del gasto social derivado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que recomendó al Gobierno que “examine las medidas adoptadas en respuesta a las crisis financiera”.
En ese contexto, el comité recomendó cinco medidas para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales en la Argentina:
• Evaluar previamente los efectos sobre los derechos económicos, sociales y culturales de cualquier medida para responder a la crisis financiera a fin de evitar que tenga impactos desproporcionados en los grupos desfavorecidos.
• Fortalecer la planificación y ejecución presupuestaria para evitar la infrautilización de los recursos.
• Asegurar las líneas presupuestarias relacionadas con la inversión social en los grupos más desfavorecidos y facilitar una implementación efectiva y sostenible de las políticas públicas para garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales.
• Aprobar e implementar el presupuesto nacional haciendo todos los esfuerzos para evitar medidas regresivas y asegurando que el presupuesto contenga un enfoque de derechos humanos y género.
• Tener en cuenta que las medidas regresivas sólo son compatibles con el Pacto Global de la ONU si son necesarias y proporcionadas. La adopción de cualquier otra política o el hecho de no actuar resultaría más perjudicial para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.
En tanto, la política fiscal de la Argentina también objeto de cuestionamientos. Los integrantes del comité de la ONU mostraron su preocupación por el “alto grado de desigualdad social”. En ese contexto, las Naciones Unidas pusieron el acento en “ciertas medidas tributarias”, como la reducción de la carga impositiva para grupos sociales de alto ingreso, o el mantenimiento de exenciones tributarias injustificadas, ante la posibilidad de que “reduzcan la capacidad redistributiva del sistema fiscal”.
Respecto a lo político, el comité apuntó a la “degradación” de ministerios claves para la implementación de derechos contemplados en el Pacto Global de la ONU. Por lo pronto, los especialistas recomendaron “garantizar la autonomía decisional y las funciones” de las oficinas que fueron degradadas a secretarias. En ese sentido, exigió que se mantengan o se incrementen “de ser necesarios” los presupuestos, en particular en materia de Salud, Trabajo y Medio ambiente.
Y para completar el panorama, el documento también refleja su preocupación por “las restricciones en el Estado para la libertad sindical”, poniendo el foco en la reducción de inscripción de sindicatos. Ante esas llamadas de atención, los representantes de la ONU le recomendaron al Gobierno “garantizar el derecho a formar y registrar sindicatos y la no-interferencia en los procesos internos de los sindicatos”.