Ya pasaron más de dos años desde que Mauricio Macri ordenó volver “a foja cero” en el caso Correo Argentino, y sin embargo la negociación sigue trabada, pero acaba de sumar un nuevo capítulo, que involucra tanto al presidente como a altos funcionarios de su Gobierno, a partir del presunto desvío de $ 35 millones hacia consultoras y abogados vinculados con su familia.
Según el dictamen que acaba de presentar la fiscal general Gabriela Boquin, se reclama que el Ejecutivo deje de dilatar la negociación con la empresa de la familia Macri y acuerde de una vez el pago de la deuda al Estado, que la compañía arrastra desde hace 18 años. En aquel momento, la deuda equivalía a $ 300 millones.
En tanto, se determinó que quienes cobraban esas millonarias cifras tenían vinculaciones con el holding Macri y que hoy son importantes miembros del Gobierno, como el Secretario de Modernización Andrés Ibarra, el Secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, y el diputado Pablo Tonelli.
De acuerdo al dictamen al que accedió Perfil, la fiscal ante la Cámara Comercial detectó supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de la compañía: Correo Argentino SA realizó pagos por $35 millones a consultoras, estudios jurídicos y ejecutivos a pesar de no tener actividad comercial. Lo escandaloso es que varias de las empresas beneficiadas están vinculadas directamente a miembros del directorio de Correo y a sus abogados.
La fiscal habló de un “vaciamiento progresivo” de la compañía, cuyos administradores y apoderados habrían desviado cifras millonarias a un reducido grupo de personas y empresas vinculadas a ellos mismos. Esos fondos deberían haberse destinado al pago de la deuda al Estado, sostiene Boquin.
Los datos surgen del análisis de los libros contables de Correo Argentino SA, que fueron estudiados por la fiscalía durante los últimos meses. “Existieron pérdidas de activos líquidos inexplicables y sin justificación apropiada considerando que desde el 19 de noviembre de 2003 ésta no registra actividad”, sostuvo la fiscal.
Los representantes de Correo vienen sosteniendo que no existió el vaciamiento. “La empresa no ha producido vaciamiento alguno de ninguna índole, Correo Argentino SA sólo ha utilizado sus propios recursos para costear sus gastos y lo ha hecho con autorización judicial”, explicó el abogado de la compañía.
Gran parte del dinero fue destinado a un pequeño grupo de estudios jurídicos, que recibieron en total $ 14,8 millones. Uno de ellos es el estudio Tonelli, dirigido por el hermano del diputado de Cambiemos Pablo Tonelli. Los pagos al estudio Tonelli, que se realizaron mientras el diputado todavía era socio, son por $ 4.437.984. Correo le pagó esa suma en concepto de honorarios profesionales por el concurso de acreedores, entre 2004 y 2007. Tonelli fue uno de los acérrimos detractores de Boquin, cuando la fiscal frenó el acuerdo entre el Ejecutivo y Correo que garantizaba una quita del 98 % de la deuda.
Al mismo tiempo, se comprueba que los Macri sí tienen una ruta del dinero K. Pero la K no es de Kirchner sino de Kleidermacher. Es el apellido de Jaime, uno de los históricos abogados de la familia presidencial. Su estudio cobró de Correo Argentino $ 9.661.585, una parte entre julio de 2004 y diciembre de 2005 y la gran mayoría entre enero de 2006 y mayo de 2015.
La consultora Doris Capurro es otra de las beneficiadas por el Correo, de acuerdo al dictamen de la fiscal. Boquin detectó pagos a cuatro empresas que integra Capurro junto al abogado Jaime Kleidermacher, que cobraron $ 1.121.373 de Correo Argentino SA. Se trata de Consultora Capurro SA, Supergol SA, Be Good SA y Optimedia Internacional SA. Estos pagos se realizaron entre 2004 y 2007.
Otro estudio contratado por la empresa es Romero Zapiola & Clusellas, que integraba Pablo Clusellas, actual secretario Legal y Técnico de Macri. Fue contratado por $ 120.082 entre julio 2004 y junio 2005, y por otros $ 130.855 entre agosto 2005 y marzo 2007 por asesoramiento en temas legales de recursos humanos.
Carlos Alberto Lelio, subsecretario de Relaciones Laborales de Modernización, era socio de la empresa Trayectoria Consultores SA, que recibió pagos por $ 786.651 de Correo Argentino SA entre agosto 2004 y mayo 2013.
La compañía de la familia Macri también pagó $ 4.145.756 a la empresa Logística de Avanzada SA entre noviembre de 2003 y febrero de 2004. Dos de los miembros del directorio de Logística de Avanzada SA fueron a su vez directores de Correo Argentino SA.
En su dictamen, la fiscal solicitó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que investigue el accionar de los funcionarios del Gobierno que deben intervenir en la negociación con Correo Argentino SA y que al mismo tiempo formaron parte de la compañía de la familia Macri.
Boquin pidió puntualmente que se analice el rol del secretario de Modernización, Andrés Ibarra. Es uno de los funcionarios con potestad de intervenir en el caso. Fue, a su vez, director suplente, director titular y apoderado de Correo Argentino SA. Ibarra es quien designó a los abogados que representan al Estado en las demandas que Correo le inició al propio Estado por sumas millonarias.
“El paso del tiempo sólo ha producido mayores pérdidas de activos perjudicando a los acreedores y al Estado”, sostuvo la fiscal, quien determinó que las autoridades otorgaron y continúan otorgando beneficios a la empresa de los Macri.