El jueves 18 de julio, el ingeniero Horacio Creus, con el patrocinio del Doctor Marcelo Parrilli presentó una denuncia penal contra el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, su gabinete, el Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Carlos Alberto Pérez y altos funcionarios nacionales del Ministerio de Transporte de la Nación por graves hechos de corrupción cometidos en complicidad con empresarios mendocinos, entre ellos el Ing. Alejandro Antonio Malnis –presidente y accionista controlante de INSTEC MEC SA-; , Fabián Andreu –Director del Grupo Andreu y directores, accionistas y apoderados legales de la sociedad “Verificación Técnica Drummond SA.
La denuncia, que comprende 186 páginas, quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 9 de la Capital Federal a cargo del Dr. Luis Osvaldo Rodríguez con intervención de la Fiscalía Federal nro. 1 a cargo del Dr. Jorge Felipe Di Lello.
Las figuras involucradas son las de fraude a la administración pública, tráfico de influencias, violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita derivadas de conductas ilícitas generalizadas en la gestión de la administración provincial con la participación necesaria de funcionarios nacionales.
Fundada en documentación oficial, la denuncia señala que la Revisión Técnica de Vehículos (RTV), en el ámbito de la provincia de Mendoza se está entregando en forma ilegal al monopolio del transporte que desde hace más de 20 años se viene enriqueciendo con privilegios por su cercanía con el poder político nacional y provincial. Áreas clave del Estado son ocupadas por representantes de estas empresas que financiaron campañas políticas a cambio de negocios monopólicos y multimillonarios. Así, se han “comprado” y manipulado proyectos de ley, decretos y resoluciones –que en cada caso detalladamente se analizan-, redactados fuera de las estructuras oficiales del Estado, con el fin de asegurar una gigantesca caja recaudadora para la financiación ilegal de la política y enriquecimiento ilícito de determinados funcionarios y empresarios, con claro perjuicio económico al Estado provincial, nacional y a la ciudadanía toda.
En defensa de estos intereses ilegítimos se manipula la justicia provincial y la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para demorar y obstaculizar toda acción legal contraria a estos negocios, con activa complicidad de los organismos de control del Estado. Por la Revisión Técnica de Vehículos cada mendocino deberá pagar a perpetuidad, todos los años, por lo menos la suma de $ 700 si se trata de una pequeña motocicleta de paseo o $ 1000 si se trata de un auto importado de alta gama.
Se destaca el costo de $ 200 por la etiqueta que una vez adherida al parabrisas delantero del vehículo acreditará el cumplimiento de la obligación, motocicletas incluidas. Una gran caja recaudadora sin control que quedará en manos del gobierno actual. Se trata de un negocio que se aproxima a los $ 1.000 millones anuales. #GentvFederal
2 Comentarios
Hay que meterlos a todos en cana y listo.
Hace años tienen monopolizado todos los trabajos por su cercanía a Moyano .. hasta la distribución de combustibles de toda Mendoza son intocables ( no hay licitaciones públicas con control ciudadano) .. lo apoyan los gerentes de Dowstream Carlos Alfonsí ..Saludos