A cinco días de las elecciones, un escándalo de proporciones envuelve al gobierno de María Eugenia Vidal. Es que la sede de la Auditoría General de Asuntos Internos de la policía bonaerense fue allanada en el marco de una denuncia contra el titular de esa dependencia, Guillermo Berra, pero terminó dejando al descubierto un presunto espionaje a jueces y fiscales bonaerenses.
El allanamiento se realizó dentro del edificio a partir de una investigación iniciada por la fiscal Cecilia Corfield titular de la UFI 15, y con orden de registro autorizada por el juez de Garantías Guillermo Atencio. Fue a raíz de la denuncia presentada por Néstor Omar Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la policía bonaerense, quien acusa a Berra de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario”. Martín dejó su cargo en 2016, luego de ser denunciado por la Auditoría de Asuntos Internos por irregularidades en su declaración jurada, por presunto enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, durante el allanamiento realizado se secuestraron pruebas que confirman que desde Asuntos Internos -oficina que se encarga de evaluar la conducta policial- se realizaron tareas de espionaje ilegal a magistrados y fiscales. En concreto, la fiscal Corfield encontró documentación que prueba que espiaron a la fiscal de juicio de La Plata, Silvia Langone, y a su marido, el defensor adjunto del Pueblo de La Plata, Tulio Marchetto. Langone fue quien logró la condena por la triple fuga de General Alvear, ocurrida a menos de un mes de la asunción de Vidal.
El hecho pone en el ojo de la tormenta al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, quien es el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
En su denuncia que motivó el allanamiento, el comisario Martín acusó a Berra de perseguirlo a él y a otros funcionarios policiales que ejercieron altos cargos durante la gestión de Daniel Scioli. Y agregó que Asuntos Internos lo siguió investigando pese a estar dado de baja de la fuerza policial desde 2016.