Mientras en sus discursos hablan de transparencia, ética, república y lucha contra la corrupción, en la práctica otra es la realidad: el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Trabajo macristas, bajo las órdenes de Francisco Cabrera primero y Dante Sica después, están en el ojo de la tormenta por un presunto sistema de recaudación ilegal que sólo en 2019 habría colectado más de $ 1.000 millones.
El reciente hallazgo de un sobre con 10.000 dólares en el despacho del ex secretario de Coordinación del Ministerio de la Producción y Trabajo, Rodrigo Sbarra, se transformó en la punta del ovillo de un entramado de corrupción macrista a gran escala.
Según una denuncia que el diputado nacional Rodolfo Tailhade presentará en las próximas horas en los Tribunales de Comodoro Py, el ex funcionario formaba parte de un mecanismo de recaudación ilegal durante las gestiones de Cabrera y Sica.
Tal como lo revela hoy “El Destape”, el documento judicial explica que Sbarra y Sebastián Martín Bideberripe, quien fuera secretario de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Trabajo, eran los encargados de recaudar los fondos millonarios bajo las órdenes de los funcionarios de primera línea del gobierno de Mauricio Macri.
El diputado Tailhade detalló que Rodrigo Sbarra reportaba directamente a Ignacio Pérez Rivas, jefe de Gabinete de Cabrera que, llamativamente, ante el cambio de ministro permaneció en su cargo durante la gestión de Sica. Rivas, en tanto, cumplía órdenes directas del primer funcionario que tuvo a su cargo dicho ministerio. La relación, de hecho, data de mucho tiempo antes, ya que había sido su jefe de Gabinete dentro de la cartera de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según la denuncia, Sbarra y Bideberripe recaudaban fondos bajo la orden directa de uno de los hombres de mayor confianza de Cabrera. Pero ese esquema de recaudación ilegal se completó con Maximiliano Carlos Guida, mano derecha de Bideberripe; Hernán Alberto Coego, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio; y Claudio Daniel Giménez, testaferro de Sbarra que oficiaba como valijero.
Claudio Giménez era quien recolectaba el dinero de primera mano y lo llevaba a unas oficinas, que funcionaban como búnker, en la avenida Belgrano 406, en la Capital Federal. En ese departamento del centro porteño, María Fernanda Inza -quien fuera la contadora general de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal-, recibía las sumas recogidas. Ella fue la figura desplazada de la gestión bonaerense cuando El Destape reveló el escándalo de los aportantes truchos, pero no salió del paraguas macrista.
De acuerdo al documento que será presentado ante la Justicia, el sistema de recaudación ilegal se llevó a cabo mediante tres maniobras. Tailhade detalló que una de ellas fue la contratación de 800 empleados, que no cumplían funciones dentro del ministerio y la secretaría, que entregaban a este entramado el 70a% de lo facturado.
De esas personas, 600 lo hicieron por un convenio con el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (Cedyat) y 200 mediante otro con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Según se pudo saber, la facturación promedio era de $70.000 por lo que casi $40.000.000 mensuales iban para este sistema de recaudación ilegal.
Otra de las maniobras utilizadas fue la autorización de pagos de bienes y servicios sobrefacturados. O sea, se presupuestaba más de lo que efectivamente costaba lo adquirido e incluso, en varias oportunidades, que jamás se entregaba. Estos acuerdos se concretaron con empresas que se quedaron con parte de lo facturado para entregar el resto al esquema de recaudación.
Finalmente, también recurrieron a la constitución de sociedades anónimas simplificadas para ocultar bienes adquiridos con fondos provenientes de la actividad ilegal y, a la vez, facturar al ministerio por servicios inexistentes.
Tras dejar el gobierno, el macrismo salió en bloque a levantar las banderas de la lucha contra la corrupción y el avance de causas contra el kirchnerismo. Sin embargo, la atención ahora se posó sobre ellos porque bajo este sistema ilegal y los tres esquemas de recolección descritos, Tailhade calculó que se recaudaron más de $ 1.000 millones en tan sólo un año.