La Justicia dispuso la intervención plena del Correo Argentino, de la familia Macri, hasta que concluya el procedimiento de salvataje. Al tomar esta decisión, la jueza Marta Cirulli, que fue quien tomó la decisión, sostuvo que “el proceder que viene evidenciando Correo Argentino SA resulta esquivo e imprevisible”, y “arroja un manto de duda” sobre el “esperable comportamiento sincero”.
A principios de febrero, la fiscal de Cámara Gabriela Boquin había pedido la intervención de la firma, tras señalar que “luego de más de quince años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del cramdown en primera instancia nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad ligados vaciamiento de la empresa y/o fueron efectuados violando” la Ley de Concursos y Quiebras.
La semana pasada la empresa había presentado un recurso extraordinario para evitar que se abriera el salvataje, tal como ordenó en diciembre la Cámara Comercial. Se trata del procedimiento que obliga poner en venta las acciones y que una eventual compradora especifique cómo pagará las deudas.
En caso de fracasar ese camino, el paso que sigue sería la quiebra, que debería ser asumida por la controlante, Socma (que posee actualmente las acciones de Sideco). El grupo Macri ahora intenta llevar otra vez la discusión a la Corte Suprema, que ya falló dos veces contra sus intereses.
El fallo de la jueza Cirulli advierte que “la aparición en el año 2019 de una deuda que dataría del año 2000, que no se conocía y sólo pudo comprobarse por la labor del coadministrador y el contador público que lo asiste, confirma que subsiste un enorme margen de duda respecto a la sinceridad del comportamiento de la concursada en esta instancia clave del procedimiento, donde se juega su suerte”.
La magistrada agrega que tampoco se cuenta con ningún indicio en punto a la presentación de las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta a partir del año 2013, ni de los pagos consecuentes en favor de la AFIP en caso de haber correspondido”.
Hace dos semanas, la Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo del Correo Argentino de la familia Macri, con el que pretendía esquivar la investigación sobre maniobras de vaciamiento denunciadas por la fiscal Gabriela Boquin, que tienen como protagonistas a las firmas controlantes Socma y Sideco, claves en el mapa empresario del grupo familiar.
Cuando la Cámara Comercial ordenó el año pasado que ambas firmas entregaran sus libros contables para ser analizados, Correo volvió a negarse y recurrió al máximo tribunal. El resultado es una breve resolución firmada por unanimidad que allana el camino para que termine el estudio sobre las maniobras irregulares, que podría incidir en una posible declaración de quiebra y en que deban afrontarla las empresas del propio grupo.
Días atrás, y con el objetivo de evitar que continúen con las maniobras de vaciamiento y ocultamiento de información, la fiscal Boquin presentó un escrito donde pidió que se desplace a toda la administración de la empresa Correo Argentino, representada por integrantes del Grupo Macri.
Sin lugar a dudas, el caso del Correo Argentino es uno de los que arrastra Mauricio Macri tras dejar la presidencia. Luego de que la fiscal lograra impedir que el ex presidente le condonara a su familia más de $ 70.000 millones de la histórica deuda que tienen con el Estado, y tras denuncias de vaciamiento y nuevas dilaciones por parte de la familia Macri, a fines del año pasado la empresa fue intervenida a medias: nombraron un coadministrador y dejaron a todos los directivos de la familia Macri.