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La Plata
18 septiembre, 2020
PROVINCIA

Fuerte jugada de Kicillof: ordenó retirar los 42 pliegos de jueces y fiscales que Vidal intentó imponer en el Senado

El gobernador Axel Kicillof solicitó hoy al Senado provincial la devolución de los 42 pliegos para cubrir cargos de jueces y fiscales que había impulsado María Eugenia Vidal el año pasado y que amenazaba con aprobar ahora con la mayoría automática que posee en la Cámara alta.

Los pliegos, que fueron enviados en junio de 2019 y apurados para ser tratados tras la derrota de la ex mandataria en las PASO, se referían al nombramiento de 42 jueces, fiscales y camaristas, entre ellos las dos vacantes que existen en el Tribunal de Casación Penal, la instancia máxima en materia penal en la provincia. Vidal había propuesto para ocupar esos dos lugares a Ana Julia Biasotti y Francisco Pont Vergés, dos funcionarios ligados al procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Julio Conte Grand.

El nombramiento de Pont Vergés fue duramente cuestionado no sólo por el Frente de Todos sino también por las organizaciones de derechos humanos, ya que se trata de un funcionario cuestionado por violar los DD.HH. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura rechazaron su postulación por asegurar que carece de idoneidad y que actuó en contra de los derechos humanos en el caso de una mujer trans que fue torturada en una cárcel bonaerense y quedó parapléjica por falta de atención médica.

A este caso se sumó este año el del secretario de la fiscalía de Estupefacientes de San Isidro, Maximiliano Iván Jarish, quien era postulado por Cambiemos para fiscal en ese mismo distrito, pero fue arrestado a principios de agosto. Jarisch quedó detenido en el marco de la causa que investiga el armado de una “banda” liderada por el fiscal penal de San Isidro, Claudio Scapolán, que se dedicaba junto a policías a revender, “plantar” y hasta extorsionar con la droga secuestrada en procedimientos contra el narcotráfico entre los años 2012 y 2015, en los partidos de San Isidro, Morón y San Martín. 

El ministro de Justicia y DD.HH., Julio Alak, solicitó hoy formalmente al Senado bonaerense la devolución de los 42 pliegos que Juntos por el Cambio amenazó con aprobar en la próxima sesión de la cámara alta, prevista para el 10 de septiembre, con su mayoría automática de 26 senadores. “Dado el tiempo transcurrido y la existencia de numerosos hechos sobrevinientes desde su envío —algunos de notoria gravedad–, corresponde que el Senado devuelva los pliegos para que el Ejecutivo reevalúe pormenorizadamente cada uno”, sostuvo Alak en la nota dirigida a la vicegobernadora Verónica Magario. 

Alak sostuvo que el artículo 175 de la Constitución Provincial habilita la devolución de los pliegos requeridos, en tanto faculta al Poder Ejecutivo a designar a los jueces y miembros del Ministerio Público de una terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura. Subrayó, asimismo, que la posibilidad del Ejecutivo de reexaminar los pliegos enviados al Senado ante hechos sobrevinientes ha sido expresamente reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia en el fallo “Decastelli”.

En la misma línea, el Ministro de Justicia recordó que existen numerosos antecedentes de devoluciones de pliegos del Senado al Ejecutivo. El más reciente, recordó, es el pedido efectuado por la ex gobernadora Vidal a poco de asumir, a través del responsable de la cartera de Justicia, Carlos Mahiques. Como consecuencia de ese requerimiento, el 18 de marzo de 2016, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado —presidida entonces por la legisladora Nidia Moirano— y el vicegobernador Daniel Salvador remitieron en devolución al Poder Ejecutivo los 126 pliegos de jueces y miembros del Ministerio Público que el ex gobernador Daniel Scioli había girado en agosto de 2015. 

El Poder Ejecutivo se comprometió a realizar la tarea de reevaluación de los pliegos, en el marco de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura, en un plazo perentorio de sesenta días corridos desde el momento en que el Senado proceda a su devolución.

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