En lo que bien podría ser interpretado como un golpe de efecto, el Procurador interino Eduardo Casal presentó anoche, sábado, su dictamen sobre la situación de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Y tal como era de imaginarse, el jefe de los fiscales heredaro del macrismo, lo hizo a favor de los magistrados que fueron trasladados a dedo en el anterior gobierno.
De esta manera, Casal no hizo más que oficializar su previsible postura, tan burdamente alineada con el discurso de Juntos por el Cambio, en cuanto a que estos tres jueces deben conservar los cargos en los tribunales de Comodoro Py, a pesar de haber sido designados durante la gestión de Mauricio Macri a través del mecanismo de traslado sin acuerdo del Senado, tal como lo establece la Constitución Nacional.
El argumento central del Procurador interino es que el Consejo de la Magistratura, al evaluar que esas designaciones eran irregulares, generó una cadena de decisiones que determinó que el trío Bruglia / Bertuzzi / Castelli fuera “removido”, una palabra harto repetida por los medios afines al macrismo en las últimas semanas.
Pero además plantea que el organismo no puede actuar de manera retroactiva y revisar lo que había decidido el mismo cuerpo cuando tenía otra integración. Para Casal está en peligro la “inamovilidad” de los jueces, la “independencia” y la “seguridad jurídica”. Hay qeaue destacar que su opinión no es vinculante, por lo que la decisión final está en manos de la Corte Suprema.
La oposición emparenta la situación de los tres jueces que se resisten a dejar los cargos con la de Casal, que también fue designado sin pasar por el Senado, cuando fue forzada a renunciar por el gobierno de Macri la ex titular de la Procuración, Alejandra Gils Carbó, a quien le hicieron la vida imposible para alcanzar su objetivo.
En otras palabras, los coloca como víctimas del gobierno de Alberto Fernández.
El foco de su presentación es un ataque a la que dos días antes había hecho el Consejo de la Magistratura, que advertía que si la Corte finalmente llegara a convalidar este tipo de nombramientos, cualquier juez/a con apoyo del Ejecutivo podría ser nombrado/as en el cargo deseado sin concursar ni pasar por el Senado.
Para Casal el Consejo sí “causó efectos directos sobre la situación jurídica” de los tres jueces, y su decisión no fue una mera “recomendación” sino que “obligó” al Ejecutivo y al Senado a hacer una revisión de los traslados. Pero, además, parte del criterio de que los traslados son “permanentes” y por lo tanto no se pueden revisar ni modificar en forma retroactiva.
El Procurador interino sostiene que más allá de que el Consejo pueda cambiar su reglamento, no debe dar marcha atrás con ese tipo de designaciones. “No se trata aquí de resolver cuál es el criterio hermenéutico que debe ser preferido, sino de la imposibilidad de aplicar retroactivamente el que hoy se propugna para revisar actos regularmente cumplidos al amparo del anterior”, afirma el dictamen.
Se refirió a que estaría en juego la garantía de “inamovilidad” de los jueces: “Es imposible conciliar tal propósito –sostuvo Casal- con una práctica de los órganos encargados de la selección y nombramiento de los jueces como la que se cuestiona en esta causa.
Si los primeros pudieran revisar en cualquier tiempo sus propios actos sobre cuya base los jueces ocupan sus cargos, “indudablemente se los colocaría en esa situación de dependencia y precariedad incompatible con el principio de independencia judicial”. Como broche de oro, invocó términos de los que gustan a la familia judicial, como que están en juego “la transparencia y la previsibilidad”, y “la seguridad jurídica” al rechazar los nombramientos por traslado.