Fotocopias de los cuadernos: a punto de caer la mentira de una causa burdamente armada

Ya no quedaban prácticamente dudas, pero ahora se terminaron de esfumar las esperanzas del macrismo y los megios hegemónicos en cuanto al avance de la causa de las fotocopias de los cuadernos: la fiscal de juicio, Fabiana León, envió un escrito a la Sala I de la Cámara de Casación confirmando que no existen ni grabaciones ni videos ni registros de ningún tipo de las declaraciones de los arrepentidos en esa causa de las fotocopias de los cuadernos.

En otras palabras, lo único que existen son actas, es decir, las declaraciones firmadas por los propios supuestos arrepentidos, sus abogados y el fiscal Carlos Stornelli.

De esta manera, el gran problema para la causa de las fotocopias es que las declaraciones de los arrepentidos son una prueba de máxima importancia porque otras evidencias entraron en crisis. Los propios cuadernos, por ejemplo, pasaron de estar quemados –como afirmó el presunto autor, el chofer Oscar Centeno– a aparecer, inexplicablemente, sin rastros de fuego. 

La fiscal entregó las actas en papel o legajos de más de una veintena de acuerdos de colaboración que se firmaron con arrepentidos, desde el chofer Oscar Centeno, pasando por numerosos empresarios que según denunciaron las defensas, declararon bajo presión para acusar a Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno.

Según la fiscal León esos “legajos impresos y digitalizados están disponibles para su compulsa y evaluación”. Los remitió al Tribunal Oral 7 tras un pedido de la Cámara Federal de Casación, que días atrás requirió saber si existían soportes técnicos, como lo exige la ley del arrepentido.

El artículo 6 de la ley 27.304 dice que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”.

Días atrás se conoció un informe del propio juzgado federal 11 donde tramitó la instrucción de la causa, actualmente a cargo del juez Marcelo Martinez de Giorgi, fechado el 28 de septiembre en el que se oficializa que nunca fueron registradas las declaraciones que hicieron los imputados colaboradores.

“De las constancias incorporadas al presente expediente no surge que se cuente con registros fílmicos o digitales de las declaraciones efectuadas por los imputados arrepentidos en el marco de acuerdo de colaboración previstos en la Ley 27.304”, consigna la información oficial del juzgado.

Las grabaciones, o registro técnico idóneo son una exigencia de la ley del arrepentido, pero según consignó el propio juzgado, el fallecido juez Claudio Bonadio en su momento no lo ordenó. La irregularidad pondría en jaque al caso que ya fue elevado a juicio oral, aún sin fecha de realización.

Los abogados de los imputados siempre denunciaron que las declaraciones de empresarios arrepentidos o imputados colaboradores no habían sido voluntarias, sino producto de presiones y coacciones de parte de los investigadores para construir una acusación que llegó hasta Cristina Kirchner como parte del lawfare.

Por eso mismo, tras el planteo de los defensores fue que la presidenta de la Sala I, Ana María Figueroa, le pidió las grabaciones al juez que sucedió a Bonadio, Marcelo Martínez de Giorgi. Este contestó que en el expediente no hay nada, pero le mandó un oficio a Stornelli para que diga dónde están las grabaciones o filmaciones. El fiscal respondió que él tampoco las tiene porque se las mandó a la fiscal de juicio, pero que se cumplió con lo que -según él- requería la ley.

En el camino intercedió el fiscal de Cámara, Raúl Plee, también integrante de la troupe macrista de Comodoro Py y le exigió a la Sala I que cesara en su intención de pedir las grabaciones o registros. El Tribunal le contestó que debió expresar su postura en la audiencia, pero que como Plee no concurrió, no podía oponerse fuera de término y fuera del ámbito que correspondía.