A medida que avanza el juicio por la obra pública en Santa Cruz, también conocido como “Vialidad”, y que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner, va quedando demostrado que se trata de una burda operación montada durante el macrismo, con el único objetivo de perseguir a la ex presidenta, al tiempo que se desmorona la débil estrategia de los acusadores, y comprobarse cómo se fue articulando una verdadera farsa judicial.
En una nueva jornada de la instancia, una auditora contable y un inspector de obra no acreditaron irregularidades en la obra pública en la provincia patagónica. La primera sólo habló de faltas menores de “caja chica”, mientras que el segundo testigo negó haber recibido órdenes para disminuir los controles en ese distrito. La coordinadora adjunta del área de auditoría contable de Vialidad Nacional declaró que las inconsistencias detectadas en Santa Cruz no diferían de las habituales en otras localidades.
Según precisa Sofía Caram en Ámbito, se trata de Valeria Navaridas, quien formó parte del estudio ordenado por Javier Iguacel en 2016, al inicio de su gestión al frente de la Dirección Nacional de Vialidad, sobre las obras viales en Santa Cruz. Se trata de la auditoría que usó el ex funcionario macrista para denunciar penalmente a Cristina Kirchner.
Según detalló la testigo se trató de un “relevamiento integral administrativo contable” poco habitual en esa época del año, ya que en los meses de diciembre y enero suelen dedicarse a tareas de cierre del año anterior.
“Verificamos que existían debilidades en materia de control interno. Gran parte de esto ya había sido relevado en el año 2012 y varias observaciones eran recurrentes”, dijo. Sin embargo, ante la consulta de las defensas reconoció que las “observaciones” de Santa Cruz fueron “de similar envergadura que en otros distritos”. Y que, en general, en todas las jurisdicciones “con los meses nos van informando y se van subsanando”.
Lejos de los sobreprecios, el direccionamiento o las obras inconclusas que plantea la acusación, la testigo sólo pudo acreditar una diferencia en la caja chica de Vialidad en la provincia patagónica. “¿Usted detectó que alguna de esas irregularidades haya incidido en alguna obra pública de Santa Cruz?”, interrogó una de las defensas. “Puntualmente yo no detecté nada”, respondió Navaridas.
El segundo testigo de la jornada fue convocado por la Oficina Anticorrupción y por la defensa de Lázaro Báez. Se trató de Gustavo Remet, ingeniero civil, auditor y luego inspector de obra en Vialidad Nacional, donde se desempeña desde 1994.
En una breve declaración debió responder la pregunta del abogado de Báez, Juan Villanueva: ¿Recibió alguna orden para disminuir los controles de auditoría en Santa Cruz? “No. No específicamente. El organismo puede aumentar o disminuir controles. Pero nadie, jamás me dijo específicamente que tenía que disminuir o incrementar los controles en esa provincia”.
Mientras, Raúl Kollmann, desde Página/12 sumó el testimonio del ingeniero Justo Pastor Romero, uno de los designados por el interventor Iguacel, para realizar una auditoría sobre las rutas construidas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
“Los desajustes de certificados de obra, es decir entre lo construido y lo pagado, apenas fueron del 0,006 por ciento. Las obras se hicieron a valores normales e incluso una parte se hizo por debajo de los valores que se utilizaron en otras jurisdicciones del país”, declaró.
El testimonio fue demoledor para la acusación, al punto que la audiencia rozó el escándalo cuando el fiscal Diego Luciani –nervioso desde tiempo atrás– acusó a Pastor Romero de ser un testigo preparado por las defensas, lo que derivó en un fuerte enfrentamiento con los abogados defensores.
El juicio en cuestión investiga 51 obras viales que se hicieron en Santa Cruz durante el mandato de los Kirchner y con licitaciones que ganaron empresas en las que Lázaro Báez -el constructor con más empleados y maquinaria en la provincia- tenía todas o parte de las acciones. El punto de partida fue una auditoría ordenada por Iguacel, un día después de asumir. El estudio sólo encontró diferencias entre lo pagado y lo hecho del 0,1 %.
Incluso, los tres especialistas a cargo de la auditoría –designados por Iguacel– concluyeron que la diferencia era mínima y que los atrasos en las obras eran los habituales en todo el país y en cualquier otra empresa. Los fiscales, no obstante, consideraron que hubo sobreprecios y en ese terreno hay discrepancias en los peritajes. En este juicio, Cristina concretó un encendido alegato contra el lawfare, es decir que lo consideró como parte de la utilización de la Justicia para perseguir opositores.