El Fondo Monetario Internacional vuelve a exigir más ajuste sobre los trabajadores y los jubilados, mientras la realidad económica se vuelve cada vez más asfixiante para la mayoría de los argentinos.
En paralelo, el gobierno intenta correr el eje del debate con distracciones mediáticas: audios privados, internas políticas o polémicas menores como la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en el tedeum o los cruces entre Santiago Caputo y Martín Menem. Pero detrás de ese ruido, la situación concreta es otra: salarios y jubilaciones pulverizados, tarifas en constante aumento, alimentos por las nubes y una caída histórica en el consumo masivo.
En ese contexto, el último informe del FMI —poco difundido por los grandes medios— funciona como una hoja de ruta del ajuste. Con su habitual lenguaje técnico, el organismo plantea nuevas medidas que, en la práctica, implican profundizar el recorte sobre amplios sectores de la sociedad.
El documento cuestiona políticas aprobadas el año pasado, como el financiamiento universitario o la asistencia a personas con discapacidad. Aun cuando muchas de estas iniciativas no llegaron a implementarse plenamente, el Fondo insiste en avanzar con la reducción de subsidios y el ajuste sobre las provincias.
Uno de los ejes centrales es la reducción del gasto primario en relación al PBI, con especial énfasis en los subsidios energéticos. Traducido: más aumentos en las tarifas de luz, gas y combustibles, que ya impactan de lleno en los bolsillos.
En materia previsional, el organismo redobla la presión para avanzar con una reforma estructural. El objetivo es claro: limitar las moratorias, elevar la edad jubilatoria y achicar el sistema para reducir costos fiscales, incluso a costa de dejar afuera a millones de personas.
El ajuste también se traslada a las provincias. El FMI reclama menor gasto y menos transferencias desde la Nación. En los hechos, esto ya se refleja en la paralización de la obra pública y en la eliminación de subsidios clave, como el de las zonas frías.
Nada de esto es nuevo. La lógica se repite: ajuste permanente para garantizar el pago de una deuda que se arrastra desde el gobierno de Mauricio Macri y que la actual gestión profundiza, mientras la economía real se deteriora.
El esquema es brutalmente simple: el FMI dicta, el gobierno ejecuta y la sociedad paga. Mientras se entretiene a la opinión pública con escándalos de superficie, el ajuste avanza sin freno. Y como siempre en la Argentina, la fiesta de la deuda la terminan pagando los que nunca fueron invitados.