En el colmo de la hipocresía y, demostrando una vez más cómo ejercen la “doble vara”, aquellos que en su momento desataron una despiadada guerra sin cuartel contra la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó -hasta que finalmente lograron su renuncia-, hoy se abroquelan en una defensa corporativa por su sucesor, Eduardo Casal, a pesar de que viene ocupando ese cargo desde hace tres años y medio de manera interina.
Después de las declaraciones del flamante ministro de Justicia, Martín Soria, sobre la situación irregular del procurador Casal, desde Juntos por el Cambio pegaron el grito en el cielo en apoyo del funcionario judicial, en nombre de un supuesto respeto a la independencia y las instituciones, mientras son ellos los primeros en pisotearlos.
Hay que recordar que sobre Casal se acumulan denuncias por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Por ejemplo, el jefe del bloque PRO en el Senado, Humberto Schiavoni, salió al cruce de Soria, quien había dicho que el Procurador Interino “es insostenible”. Al respecto, el dirigente macrista indicó: “La independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal es esencial para el respeto a los Derechos Humanos de los argentinos”. El legislador también dijo que lamenta y “repudia” lo que consideró un “ataque del ministro al Procurador General de la Nación. Todo el arco político debe rechazar la reforma a la ley de Ministerio Público”.
En tanto, tras la reunión que mantuvo en Casa Rosada con Sergio Massa, Máximo Kirchner e intendentes, el diputado Cristian Ritondo se refirió a Casal y opinó que es legal el lugar que ocupa. “Se ha sostenido desde la legalidad, era Procurador adjunto antes de que nosotros asumiéramos y por lo visto lo ha hecho bien y me parece que los problemas no se resuelven cambiando al que no me gusta sino cumpliendo con la ley que dice cómo designar a un fiscal”.
Estas declaraciones se suman a los diferentes repudios de Juntos por el Cambio que manifestaron su rechazo a la designación de Soria. Desde el PRO no sólo dijeron que las primeras declaraciones del nuevo ministro son “poco auspiciosas”, sino que también “pareciera” que su gestión se encaminará a una “embestida” contra el Poder Judicial, aunque desearon equivocarse.
El radicalismo analizó que “Soria es otra victoria de Cristina Kirchner. No tenemos dudas que es un funcionario que seguirá la línea de embate contra la Justicia” porque “lo único que busca es lograr su impunidad. Hará lo posible o lo imposible para ello”, aunque no arriesgaron jugadas para lograr ese supuesto objetivo.
Eduardo Casal asumió en noviembre de 2017 cuando Alejandra Gils Carbó después de una licencia solicitada, se vio obligada a renunciar a su cargo, después de la brutal embestida que ejerció el macrismo para desplazarla, con la burda complicidad de los medios hegemónicos.
Ya en último tramo de tantas presiones, que se extendieron a lo largo de dos años –apenas asumió Mauricio Macri como presidente-, hasta se incluyó la difusión -desde la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia y el diario Clarín- del teléfono de la hija de Gils Carbó, que colapsó de insultos y amenazas.
En realidad, la embestida final contra la ex Procuradora se produjo a partir del procesamiento dictado por el juez Julián Ercolini por la compra de un edificio por parte de ese organismo. La operación se basó en una licitación que el juez consideró “direccionada”, por la que se pagó una comisión de siete millones de pesos. Pese a que fue la empresa dueña del inmueble y no la Procuración la que abonó esa comisión, Ercolini conjeturó que hubo un perjuicio a las arcas del Estado y procesó a la Procuradora por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
El entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró “lógico” que la Procuradora pida licencia “mientras resuelva su situación judicial” porque a partir del procesamiento “se crea una situación de crisis institucional en cabeza de quien debiera ser garante de la persecución penal y la Justicia en la Argentina”. “Es una cuestión básicamente institucional”, dijo.
“Ella tendría que renunciar si fuera una persona con un mínimo de vergüenza”, opinó Elisa Carrió vía Facebook. “Ya se va a ir, no se preocupen. Pero no vamos a violar la Constitución. Lo importante no sólo es que se vayan, sino que se vayan por vía constitucional”, agregó la diputada, consciente de que Cambiemos no cuenta con los votos en Diputados para iniciarle un juicio político.
Por su parte, Laura Alonso, en ese momento titular de la Oficina Anticorrupción, escribió en Twitter que la situación de Gils Carbó “le hace más daño a la Justicia y al país”, y que “su mejor opción es renunciar”.
El radical Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos en Diputados, opinaba que si la Cámara Federal ratificara el procesamiento Gils Carbó estaría “absolutamente acorralada” y sugirió que el gobierno no debe “empezar a contar cuántos números tiene para que se haga efectivo el juicio” sino “poner en evidencia la inconducta, llevar adelante” el proceso y “que cada uno se haga responsable de pararse de un lado o del otro”.
Las presiones públicas se complementaron con la difusión del teléfono de la hija de Gils Carbó, que el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte no tachó al difundir el procesamiento, y que ante su irresistible valor periodístico publicó el diario Clarín. La difusión derivó en amenazas e insultos contra la joven, que debió dar de baja la línea y analiza iniciar una demanda civil contra los responsables.
Finalmente, tras casi dos años de presión del gobierno nacional para forzar su salida, Gils Carbó renunció el 30 de octubre de 2017. Había asumido en agosto de 2012.