El Gobierno nacional pidió esta mañana que se invalide el fallo de la Cámara porteña que ayer habilitó las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, contra lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo en el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus Covid-19.
Lo hizo a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo encabezado por Carlos Zannini, en una presentación ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. Allí pidió la inhibitoria de la justicia porteña y la invalidez de lo decidido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires que falló a favor de la presencialidad en las clases en el distrito.
Esa Cámara falló ayer a favor de la presencialidad de las clases en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, al pronunciarse sobre una presentación hecha por organizaciones de docentes contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional que establece la suspensión de la actividad por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener la segunda ola de coronavirus.
El tribunal resolvió “hacer lugar a la queja interpuesta y, en consecuencia, admitir el recurso de apelación; disponer la suspensión de lo dispuesto en el artículo 2°, párrafo tercero, del DNU y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires”, según el fallo.
Acto seguido, en una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció que las clases serían presenciales a partir de hoy, y no virtuales en su distrito, en contra de lo dispuesto por el DNU del Gobierno nacional.
La decisión de la Procuración se conoció horas después de que el ministro de Justicia, Martín Soria, insinuó que el Gobierno nacional no buscaría invalidar el fallo de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, que habilitó el regreso a las aulas que el decreto de Alberto Fernández había suspendido por dos semanas.
“La fiscal, los jueces y el Gobierno de la Ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida”, sostuvo el ministro.
Hay que tener en cuenta que el Gobierno nacional no es parte en la causa que habilitó las clases, porque se trató de un amparo presentado por una ONG. Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se presentó en el expediente, pero los magistrados no la dejaron ser parte.
Al mismo tiempo, el Gobierno denunció que tanto la fiscal como el tribunal son muy cercanos al macrismo. El propio Soria afirmó: “El presidente tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos”.
Tanto Soria como el propio Alberto Fernández dejaron flotando la posibilidad de pedir la intervención de la justicia federal -lo que plantearía un conflicto de competencias que eventualmente debería resolver la Corte Suprema-, pero no expresaron con claridad si seguirán esa vía.
“Lo que hicieron es un estrago jurídico. Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la justicia federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia Por eso la ciudad fue directo a la Corte”, afirmó el presidente después de conocerse el fallo.