Aquel fideicomiso “ciego” que allá por abril de 2016 el entonces presidente Mauricio Macri anunció con bombos y platillos para transparentar el manejo de su patrimonio durante su gestión, no tiene un solo papel en regla y está repleto de irregularidades.
Así lo constató la Inspección General de Justicia (IGJ) que conduce Ricardo Nissen, por lo que solicitó que se lo declare nulo, ya que se detectaron transferencias ilegales por más de 54 millones de pesos a Macri durante su gobierno, por parte de una sociedad donde tenía acciones su esposa Juliana Awada.
El 7 de abril del 2016, días después de que explotara el escándalo por los Panama Papers, Macri anunciaba: “He decidido hacer un fideicomiso ciego y destinar a un conjunto de personas independientes que van a disponer todos mis bienes y se van a encargar de administrarlo mientras dure mi tarea pública, sin tener contacto conmigo”.
El ex presidente había sido señalado como uno de los líderes mundiales que tenía sociedades en paraísos fiscales y, para lavar su imagen, anunció precisamente que transferiría todo su patrimonio a un fideicomiso ciego para que sus bienes pudieran ser administrados por alguien supuestamente independiente.
Sin embargo, la Inspección General de Justicia concluyó ahora que todo eso fue una puesta en escena, ya que ni Macri había transferido todos sus bienes, ni el administrador había sido independiente, ni el fideicomiso había sido “ciego”.
Por empezar, la figura del fideicomiso ciego no existe en Argentina. Macri, en su declaración jurada como Presidente, puso un patrimonio con un monto de fantasía que era 5 veces menor solo a lo que su hermano Gianfranco declaró en la amnistía fiscal, y aun así no incluyó todos sus bienes en ese fideicomiso, que le dio el manejo de esa parte de su patrimonio a una empresa fundada por un funcionario propio y, para colmo, que nunca perdió el manejo de esa porción de su patrimonio y lo hacía a través de Laura Alonso, por entonces titular de la Oficina Anticorrupción.
Según pudo determinar la IGJ, los bienes traspasados al fideicomiso representaban solo un 40 % del patrimonio de Macri. En tanto, la sociedad señalada para administrar los bienes, Seguridad Fiduciaria S.A, no solo estaba presidida por escribanos (quienes tienen prohibido por ley ejercer actividades comerciales), sino que uno de ellos era Carlos D’Alessio, su escribano de gobierno (y tío del falso abogado Marcelo D’Alessio). Por otra parte, ninguna de las cuatro sociedades que Macri incluyó en el fideicomiso generaba dividendos, excepto una, la empresa Agro G, la cual le transfirió a Mauricio Macri unos $ 54 millones en una maniobra que la Inspección calificó de ilegítima.
Además, el organismo que fiscaliza a las sociedades comerciales dispuso que se considere nula a esa sociedad (Seguridad Fiduciaria SA) y declaró “la irregularidad e ineficacia en términos administrativos” de todos los actos societarios realizados por cuatro empresas vinculadas a Macri: Molino Arrocero Río Guayquiraró SA, María Amina SA, 4 Leguas SA y Agro G SA.
En otro tramo de la resolución, la IGJ remarcó que la categoría de fideicomiso ciego “no encuentra el menor antecedente en la legislación comparada ni en la doctrina nacional y extranjera”.
Además, determinó que los bienes incluidos en “el denominado fideicomiso ciego de administración no constituían, ni por asomo, la totalidad de su patrimonio” del ex presidente Macri, tras lo cual detalló que esos bienes apenas representaban “un 53 % del conjunto total” de las pertenencias y propiedades de Macri.
Sobre ese punto, el organismo aseguró que “el devenido en fiduciante” (por Macri) no fue “veraz” al suscribir el fideicomiso debido a que en el apartado “B” de ese documento se había comprometido a “evitar conflictos de intereses y otorgarle transparencia a la administración de su patrimonio durante el período en que ejerza el cargo de Presidente de la Nación Argentina”.
En otro punto de la resolución, la IGJ describió una operatoria “ilegítima” entre el llamado Fideicomiso Ciego de Macri con la empresa Agro G SA ya que esta sociedad emitió acciones por $ 54.286.824 sin inscribir el correspondiente aumento del capital social en el Registro Público de la propia Inspección de Justicia, “ni jamás nadie compareció a asamblea alguna como titular de dichas acciones”.
Según la descripción realizada por el organismo, la sociedad Agro G SA luego transfirió de modo ilegal esas acciones -por $ 54.286.824- al Fideicomiso ciego de Macri, supuestamente bajo el concepto de “dividendos”.
En otro párrafo de la resolución, el organismo que depende del Ministerio de Justicia consideró que la sociedad Agro G SA previamente había recibido esa suma, también en concepto de “dividendos”, de la sociedad Latin Bio SA, de la cual, subrayó la entidad, “participa también la cónyuge de Mauricio Macri (por Juliana Awada), como titular del 20,25 % de dicho capital”.
“Tales circunstancias -remarcó por último la IGJ- obligan a remitir copia de esta resolución y de la documentación correspondiente a la Oficina Anticorrupción, a los fines de hacer las presentaciones judiciales que estime corresponder, para el caso de entender necesario una investigación del episodio en sede criminal”.
El organismo también instruyó a su propio Departamento de Asuntos Judiciales para que “promueva las acciones judiciales” pertinentes.