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29 marzo, 2024
PAÍS

Memorando con Irán: Cristina logró que pueda plantear su pedido de nulidad en una audiencia oral

Mal que les pese a la corporación judicial, al macrismo y a los medios hegemónicos, Cristina Kirchner alcanzó otro logro personal, ya que el fiscal Marcelo Colombo se pronunció a favor del pedido de la vicepresidenta para realizar una audiencia oral a fin de exponer sobre el pedido de nulidad de la causa del Memorando con Irán.

En ese marco, también pidió incorporar información sobre los ingresos de los jueces de Casación, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada, y sobre las anotaciones del celular de Darío Nieto, secretario de Mauricio Macri.

Justamente, Cristina Kirchner, al igual que el ministro bonaerense Andrés “El Cuervo” Larroque, el senador Oscar Parrilli y el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena plantearon la nulidad del caso tras conocerse los encuentros mientras Macri era presidente.

Ante la “gravedad de la hipótesis planteada”, el fiscal Colombo pidió la realización de la audiencia oral y la necesidad de incorporar información al caso. El Tribunal Oral Federal 8 debe decidir si se hace el juicio o si dicta la nulidad de todo lo actuado en el expediente.

Por ejemplo, el fiscal solicitó que “se requiera a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación informe si los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky tuvieron ingreso a la Casa de Gobierno”, también al Ministerio de Justicia y/o al Ministerio de Seguridad, durante los años 2015 y 2016.

También requirió a la Casa Militar que informe si los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky tuvieron ingresos a la Quinta de Olivos durante los años 2015 y 2016.

Es que ambos magistrados fueron clave en la reapertura del caso -originado en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman- cuando había sido desestimado en todas las instancias.

El fiscal también pidió que “se obtengan copias certificadas” de las resoluciones a los que se arribó en las causas de espionaje ilegal que tramitaron en Lomas de Zamora y se certifique si allí se secuestró en poder de Darío Nieto un celular que contuviera algún archivo en el que se anotara “Hablar con Borinsky. Tema denuncia, administrativa y penal”, dejando constancia de la hora, día, mes y año de tal registro.

Las defensas sostuvieron que la intervención de los magistrados en resoluciones trascendentales para el proceso, fue efectuada “en violación a la garantía de imparcialidad y juez natural lo que traería aparejado su descalificación como actos jurisdiccionales válidos”.

De esta manera, el abogado de CFK, Carlos Beraldi, intenta una estrategia similar a la adoptada con el caso dólar futuro, y busca que el Tribunal convoque a una audiencia pública, que sea transmitida por los medios de comunicación.

El planteo del letrado desarrolla además que tanto el ex presidente Macri como integrantes de su Gobierno habrían demostrado “un particular y sostenido interés en el resultado de este proceso, y trae a colación variadas expresiones públicas del ex mandatario en tal sentido”.

El fiscal Colombo sostuvo que “la entidad de los hechos investigados, su trascendencia, el impacto y consecuencia que las resoluciones impugnadas tuvieron en el destino de este proceso (determinaron su reapertura), sumado a la complejidad y gravedad de las hipótesis planteadas por los incidentistas, justifican la necesidad de incorporar” información como los registros de ingresos a la Casa de Gobierno y Olivos, y la realización de la audiencia oral.

Ahora, el Tribunal Oral Federal 8, integrado por los jueces José Antonio Michilini, Gabriela López Iñiguez y Daniel Obligado, tiene que definir si convoca a una audiencia pública para que la vicepresidenta exponga sus argumentos de defensa, y luego deliberar si acepta o no su planteo.

El juicio oral por esta causa, iniciada hace seis años, no tiene una fecha de inicio prevista. Desde que se conocieron las visitas de jueces a Olivos y a la Casa Rosada, los acusados apuntaron al corazón del proceso judicial: la reapertura del expediente dispuesta por la Cámara de Casación en diciembre de 2016, con los votos de los jueces Hornos, Borinsky y Ana María Figueroa.

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