El Gobierno de Javier Milei consiguió una victoria parlamentaria muy parcial y cargada de derrotas políticas. Después de una jornada marcada por una fuerte represión en las inmediaciones del Congreso y una creciente presión social, el oficialismo se vio obligado a retirar dos de los capítulos más cuestionados de su proyecto: la reforma que habilitaba la extranjerización de las tierras rurales y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.
Finalmente, el Senado solo aprobó por 37 votos contra 33 el capítulo referido a la inviolabilidad de la propiedad privada, mientras que el resto de las iniciativas más polémicas quedó en el camino.
Fue una victoria amarga para la Casa Rosada. El rechazo social, las movilizaciones, la presión de organizaciones civiles, de distintos sectores de la oposición e incluso de legisladores aliados terminaron desarmando una estrategia que el oficialismo daba por descontada.
La decisión de retirar los artículos sobre la extranjerización de las tierras y la Ley de Manejo del Fuego se tomó minutos antes de la votación, cuando quedó claro que el Gobierno ya no tenía los votos necesarios para sostenerlos.
El punto de inflexión llegó tras la intervención del senador libertario Joaquín Benegas Lynch, quien defendió la posibilidad de que extranjeros puedan adquirir tierras en la Argentina y justificó esa postura con una comparación que generó fuertes críticas. Poco después, la senadora chubutense Edith Terenzi, una aliada clave del oficialismo, anunció que no acompañaría la reforma sobre el manejo del fuego y decidió abstenerse en la votación vinculada a los desalojos, dejando expuesta la fragilidad de la mayoría construida por el Gobierno.
La marcha atrás comenzó incluso antes. La presión ejercida por distintos sectores de la Iglesia ya había obligado al oficialismo a retirar el artículo que modificaba el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), sumando otro revés para la estrategia legislativa del Ejecutivo.
Mientras tanto, en las calles, la jornada estuvo atravesada por una violenta represión que, según distintas denuncias, dejó más de 1.500 heridos y decenas de personas detenidas. En ese clima de máxima tensión, el oficialismo logró avanzar únicamente con la media sanción de los capítulos referidos a desalojos, expropiaciones y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.
Entre los cambios aprobados figura la ampliación de la figura del desalojo, permitiendo que cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo pueda solicitar la restitución inmediata de un inmueble, mientras que el proyecto también modifica el régimen de expropiaciones, endureciendo el criterio de utilidad pública e incorporando cambios en las indemnizaciones. Además, crea un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble para centralizar distintos trámites registrales.
El Gobierno podrá exhibir una media sanción, pero difícilmente pueda ocultar el costo político de la jornada. Quiso imponer un proyecto a fuerza de represión y terminó retrocediendo en los artículos que más defendía. Cuando un gobierno necesita gases y palos para sostener una ley, y aun así debe retirar sus capítulos más polémicos porque hasta sus propios aliados le niegan los votos, la verdadera noticia no es la victoria parlamentaria. La verdadera noticia es que el poder empieza a mostrar sus límites y que, cuando la sociedad se organiza, incluso los proyectos que parecían inevitables pueden caer.